El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se expresó públicamente a favor de restituir el decreto que en 2017 había firmado el expresidenteMauricio Macri, que imponía mayores restricciones a los extranjeros para ingresar al país. Además, incluía un reglamento para extraditar a quienes cometan delitos.
"Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía a que delinquen", aseguró este jueves al hacer referencia a un hecho policial ocurrido en las últimas horas.
El contundente reclamo de Jorge Macri
"Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina", escribió el mandatario en su cuenta de X.
"Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo", agregó.
"Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos", cerró Macri.
Qué decía el decreto de Mauricio Macri de 2017
En enero de 2017, Macri firmó el Decreto 70 que modificaba la Ley de Migraciones. Se creaba un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
El argumento se amparaba en la definición de que cada Estado tiene "la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales".
También establecía la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes, tanto en Argentina como el exterior. "Por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".
El decreto finalmente fue derogado en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández bajo el argumento de que el DNU de Macri modificaba "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
En ese sentido, consideraba la "violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".