El oficialismo quiere mandar al Congreso una reforma laboral ni bien se renueven las Cámaras. Poco se confirma desde las oficinas gubernamentales sobre el nuevo proyecto, pero el primer intento de reforma no sumó adherentes. El Gobierno puso en funcionamiento los fondos de cese laboral con el objetivo de suplantar la indemnización por despido o para aplicar en el fin de la vida laboral. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le reclamó a los empresarios que les dieron la herramienta pero que no la utilizaron. ¿Por qué no funciona aún el sistema? El fondo de cese laboral plantea la posibilidad de que las empresas o los trabajadores hagan aportes a un fondo para cubrir las eventuales desvinculaciones. Los fondos pueden ser individuales o colectivos y en los convenios puede acordarse el monto y las condiciones de uso de los mismos. A pesar de que el objetivo del oficialismo es que el sistema sea menos costoso para el empleador a la hora de finalizar la relación laboral, desde Desregulación aseguraron que ninguna empresa adhirió. Los especialistas plantean que el fondo de cese no tuvo éxito por distintos factores, como la falta de incentivos, el costo del sistema y las perspectivas para la actividad económica, dado que anticipan que se mantendrá el enfriamiento. Para Juan Martín Morando, socio de BDO Legales, una de las causas de la nula adhesión responde a que “los sucesivos Gobiernos toman decisiones inconsultas, creyendo saber mejor dónde están los problemas que los principales actores de cada sector. La Reforma Laboral impulsada por la Ley Bases, lejos de ser una excepción, se convirtió en una demostración más de ello”. Una prueba, consideró, es que a más de un año de esa reforma, “no existe en la actualidad actividad alguna en la cual se hubiera discutido la mutación hacia el fondo de cese laboral”. “De haber escuchado los reclamos, el Gobierno pudo llegar a entender que los temas más inmediatos en relación con las relaciones laborales son la tasa de interés (que difiere teniendo en cuenta los distintos órganos judiciales y jurisdicciones), el impacto de los altos costos vinculados con las relaciones laborales en los costos de las empresas (no los salarios), y la imprevisibilidad de las decisiones judiciales, temas acerca de los cuales aún no se avizoran cambios”, remató Morando. Matías Ghidini, socio de Ghidini Rodil, empresa especializada en recursos humanos, plantea que el problema estuvo en considerar que el esquema era trasladable a otros sectores. El fondo implica hacer un resguardo de un porcentaje del sueldo en función de lo que uno supone que va a necesitar en caso de desvinculación. “El problema es que eso en una industria que tiene un proceso continuo, y no como en la UOCRA donde hay proyectos que terminan y comienzan, implica que uno tiene que estar guardando para un eventual despido y el tema es qué porcentaje uno destina y eso siempre es complejo porque uno cuando opera un negocio no está imaginando que va a desvincular a todos”, agregó. La idea de darle previsibilidad a la indemnización es buena, consideró Ghidini, pero el problema fue trasladar el modelo. Desde sectores vinculados al sindicalismo también apuntaron al costo y al traslado de un esquema específico para un sector. “Si lo armas como un sistema de cuentas individuales, termina siendo muy caro”, consideró Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma. “Nadie va a aceptar un sistema por el cual el trabajador termine cobrando una suma sustancialmente inferior a la que le corresponde por el sistema actual. Para equiparar el sistema actual los empresarios tendrían que hacer un aporte que equivale aproximadamente al 8% del salario (así es en la construcción) y para ninguna empresa tiene sentido hacer ese aporte todos los meses, porque eso equivale a hacer una previsión por el 100% de los despidos (esto puede tener sentido en la construcción pero definitivamente no tiene sentido en actividades que tienen una rotación mucho menor)”, agregó Campos. Una alternativa que plasmó es que se construya como un seguro, “donde por definición la prima que pagas es menor al monto del daño”. El sistema terminó siendo complejo para algo que al final del día es optativo para cada empresa. Por el lado de los sindicatos, agregó, no existen incentivos para dedicarle tiempo, y para las cámaras tampoco, porque es una negociación que puede ser difícil. El costo, tomando el modelo de la construcción, implica un aumento del 8% de la masa salarial para despidos que tal vez nunca ocurran, mientras que si funcionara como un seguro, podría implicar depositar el 1% de la masa salarial y, llegado el caso de usarla, usar esos fondos.