El Gobierno avanza en los pasos finales hacia el fin de la obra pública como se conocía, mientras que las provincias reclaman la cancelación de las deudas, incluidas las de las obras, mientras que desde el sector privado advierten por pagos atrasados y la eliminación del registro de constructores. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre la reactivación de la obra pública luego de las inundaciones que inhabilitaron rutas nacionales y recuperaron la discusión por la inversión en infraestructura. El ministro planteó esta semana que el Gobierno no avanzará en esquemas de obra de Participación Público Privada (PPP), pero que en tres meses estarán listas las licitaciones de corredores viales y "ganará el que postule lo más eficiente para la gente". En paralelo, su par de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó en X que reglamentaron el proceso de adjudicación de la obra pública, tras la eliminación del registro de constructores que ponía "fin a la Cámara Argentina de la Corrupción". El nuevo esquema anunciado por el Gobierno "derrumba las barreras de entrada a nuevos jugadores", explicó Sturzenegger, quien agregó que quienes hacen obra privada o en el exterior podrán competir, al igual que aquellos que no tengan antecedentes con obras previas, que podrán competir reemplazando obras por patrimonio o garantías. Además, anunció el fin del sistema de la capacidad constructiva. Desde el sector privado cuestionaron la eliminación del registro, que funcionaba al igual que lo hace en otros países, ya que servía para calificar a las empresas en base a los antecedentes que tuvieran en la actividad, el patrimonio de la compañía, la capacidad en equipamiento y capital humano para llevar a cabo las obras, entre otros elementos. Una duda deslizada por una empresa del sector fue que obras importantes, como las hídricas, sobre todo en contextos de fuertes lluvias, deberían ser realizadas por empresas calificadas y con experiencia en el tema. Otra duda que plantearon sobre el fin del registro es sobre el financiamiento que tendrían los capitales privados en las obras públicas. Según explicaron, esto implicaría que se vuelquen a obras más chicas que puedan obtener financiamiento en el mercado local. Esto no aplica para todas las regiones y sectores. Como relató El Cronista, las petroleras que operan en Neuquén avanzan en un acuerdo para encargarse de la repavimentación de dos rutas fundamentales para las operaciones en Vaca Muerta. Estas también tomaron la escena pública esta semana luego de que se registraran importantes atascos en las cercanías de Añelo, la ciudad más cercana para las operaciones en el yacimiento. El estado de las rutas hacia Vaca Muerta fue ilustrado por algunos empresarios como la principal preocupación en materia de seguridad. Una de las alternativas que manejaba el Gobierno era el traspaso de las obras a las provincias. Si bien la gran mayoría aceptó el traspaso, iniciaron el reclamo por las deudas, tanto con las provincias como con el sector privado, por los pagos de las obras ya realizadas. Estos reclamos recuperaron fuerza tras el esquema de extinción de obligaciones recíprocas con la Nación, con el que el Gobierno buscaba sanear las cuentas del Tesoro con los estados subnacionales. Desde el sector privado puntualizaron que el Gobierno avanza lentamente en el pago las deudaspor obras ejecutadas, pero que el total asciende a $400.000 millones en todo el sector. El Gobierno no respondió si avanza en un esquema de normalización ni la priorización de las obras que se retomarán. El sector señaló que, en base a sus conversaciones, están en agenda las hídricas y de saneamiento. El reclamo de la cámara atacada por Sturzenegger no se focaliza en el Estado nacional. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, dijo a El Cronista que es necesario que el sector público en sus tres niveles aumente la inversión en infraestructura porque "nos vamos a quedar sin la poca existente". Además, agregó que la infraestructura se vuelve fundamental para alcanzar los objetivos de Caputo, de crecer al 6% anual: "Para crecer un 3% anual hay que invertir, entre el privado y el público, el 9% del PBI en infraestructura". En 2024, el gasto en obra pública cayó un 76% y pasó de $8,6 billones a $2 billones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso en base al análisis del gasto en el primer cuatrimestre, la inversión real directa subió 74% empujada por el gasto en conectividad, infraestructura escolar y obras viales, explicado por una baja base de comparación.