La Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves el convenio para transferir el fuero laboral a la Justicia porteña, con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones.
Se informó que el acuerdo, firmado a principios de año, había estado judicializado antes de este paso clave hacia su implementación definitiva.
Según se explicó, la iniciativa forma parte de los pactos vinculados con la autonomía de la Ciudad y las competencias que todavía no están bajo su órbita.
Se destacó que el Pro, la Libertad Avanza, el radicalismo, Confianza y Desarrollo y Transformación votaron en el mismo sentido, mientras que el peronismo se abstuvo.
Legislatura porteña: qué implica el traspaso
Se detalló que, a partir de ahora, resta cerrar un convenio adicional por la transferencia de los recursos económicos y humanos necesarios para el nuevo fuero.
Recién una vez alcanzado ese acuerdo comenzará a correr un plazo de 180 días para la implementación, período en el que deberán designarse jueces y funcionarios.
Fuentes judiciales señalaron que el objetivo es reducir los tiempos de resolución de litigios, que hoy demoran entre tres y cinco años, a un año o menos. Asimismo, se precisó que la Ciudad asumirá la competencia en materia laboral individual, como despidos, indemnizaciones y accidentes de trabajo entre empleados y empleadores.
En cambio, se aclaró que los conflictos colectivos y sindicales seguirán en la órbita federal, al igual que las causas donde sea parte el Estado nacional. Por otra parte, también se explicó que las causas iniciadas antes de la puesta en marcha del nuevo fuero continuarán tramitando en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su sentencia definitiva.
Los alcances de la medida
Se informó, además, que el convenio dispone el cierre inmediato de 30 juzgados nacionales del trabajo que ya se encontraban vacantes, junto con una sala de apelaciones.
Se indicó que el Tribunal Superior de Justicia porteño actuará como órgano de revisión final en las causas de derecho local y común que ingresen al nuevo fuero.
Por su parte, se explicó que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad será responsable de garantizar las condiciones para su funcionamiento, incluida la infraestructura judicial.
El convenio había sido rubricado el 9 de febrero por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Posteriormente, se recordó, el Congreso lo había ratificado en el marco de la sanción de la ley nacional de reforma laboral 27.802.
Tapia sostuvo que la nueva justicia laboral será completamente distinta a la actual, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas.
El funcionario agregó que el sistema busca que los conflictos laborales no frenen el desarrollo productivo, dando respuestas ágiles tanto a trabajadores como a empleadores. Por su parte, se remarcó que el convenio recién entrará en vigencia tras la aprobación del acuerdo sobre transferencia de recursos, todavía pendiente entre Nación y Ciudad.
Finalmente, se señaló que este paso se inscribe en el camino hacia la autonomía plena que la Ciudad persigue desde 1994, y que constituye un eje central de la gestión de Jorge Macri.