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El Gobierno promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026. La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei en agosto, pero el Congreso insistió con el proyecto y logró revertir el veto con mayoría especial en ambas cámaras
Sin embargo, pese a la promulgación, el Ejecutivo decidió suspender la aplicación de la ley. Según el Decreto 681/2025, la norma no se ejecutará hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Emergencia en Discapacidad: ¿cuál es la postura del Gobierno?
El Gobierno nacional justificó la suspensión en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. En el decreto, se advierte que la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $ 3 billones, equivalente al 0,35% del PBI.
Además, se estima un gasto de aproximadamente $ 2 billones para la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social en 2025 y un gasto adicional de más de $ 4 billones para 2026.
La decisión del Ejecutivo se basa en el artículo 38 de la Ley 24.156, que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".
De esta manera, la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad quedará en suspenso hasta que se especifiquen las fuentes de financiamiento y se asignen las partidas necesarias para que la norma entre en vigencia.
¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La Ley 27.793 tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todo el país, en línea con la Convención Internacional. Entre sus principales medidas se destacan:
- Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: otorgada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), será del 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Transformación automática de pensiones existentes: las Pensiones No Contributivas otorgadas antes de la publicación de la ley se convertirán automáticamente en la nueva PNC por Discapacidad.
- Cobertura médica garantizada: los beneficiarios accederán al Programa Incluir Salud, que cubre todas las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901.
- Compensación económica a prestadores: se financiará con recursos del Tesoro Nacional la diferencia entre los aumentos de aranceles y la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Desde enero de 2025, los aranceles se actualizarán mensualmente según el IPC.
- Incentivos al empleo: se amplía de uno a tres años el período de exención del 50% de las contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad.