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El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, será tratado este viernes en el Senado en una sesión clave para el Gobierno, que busca convertir en ley una de sus principales banderas en materia de seguridad y política criminal.
Tras la firma del dictamen en comisión, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para menores.
La propuesta forma parte del paquete de reformas que impulsa la administración de Javier Milei bajo la consigna de que “el que las hace las paga”.
El punto más sensible del debate es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que un adolescente de 14 años comprende la criminalidad de sus actos y debe asumir consecuencias penales si comete delitos graves. Desde esa perspectiva, la reforma busca elevar los costos del delito juvenil y enviar una señal clara de autoridad del Estado.
Sin embargo, el proyecto no se limita a ese aspecto. La iniciativa reforma la actual ley de la dictadura y crea un régimen específico para menores, con un abanico de sanciones que combinan castigo y resocialización. Se descarta la prisión perpetua y se fija un máximo de 15 años de pena para delitos graves. Además, se establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos y se prevén medidas socioeducativas y programas de reinserción.
Para delitos con penas menores a tres años no se aplicarán penas de prisión. En los casos con escalas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones gravísimas, se priorizarán sanciones alternativas con eje en lo educativo y social. También se incorporó una cláusula de financiamiento, reclamada por sectores dialoguistas, que asigna partidas específicas para garantizar la implementación del nuevo régimen.
La oposición más dura rechaza la reforma al considerar que no existe evidencia empírica que demuestre que endurecer el régimen penal juvenil reduzca el delito. Señalan que el problema es estructural y responde a condiciones de exclusión social, y advierten que la baja de la edad podría tener un efecto simbólico sin impacto real en las estadísticas criminales.
En paralelo al debate político, también se sumaron voces del ámbito académico. El director de Investigaciones Jurídicas de la Fundación Libertad, Garret Edwards, planteó que la discusión no debería agotarse en una cifra.
“La discusión pública, como era previsible, se empobreció rápidamente, y todo pareció reducirse ramplonamente a un posicionamiento entre la denominada “mano dura´ y el mal llamado ‘garantismo´ zaffaroniano, casi como si se tratara de una competencia de eslóganes. Sin embargo, detrás de todo el ruido generado en derredor de esta temática, hay un mérito innegable, el de la posibilidad de por fin posar la mirada sobre una anomalía estructural del Derecho argentino. Y esa anomalía no es solamente la edad de imputabilidad, que se encontraba desfasada respecto de lo ya resuelto en otras jurisdicciones; es la chance de comenzar a repensar el mapeo completo de las edades, la capacidad y qué se puede ir haciendo o no en cada etapa de la vida en sociedad.
“El problema surge cuando se analiza el sistema íntegramente. ¿Qué idea de persona se ve representada en este mosaico jurídico?”, señaló, y sostuvo que la Argentina necesita una teoría general coherente sobre capacidad, responsabilidad y edades legales. Para Edwards, la reforma abre la puerta a una revisión más profunda del esquema normativo y a la construcción de criterios claros sobre autonomía progresiva y responsabilidad penal.
Con posiciones enfrentadas y un clima atravesado por la agenda de seguridad, el Senado se prepara para un debate que no sólo definirá el futuro del régimen penal juvenil, sino que también pondrá a prueba el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta en donde el oficialismo cada vez logra imponer una agenda más amplia.
La cronología del proyecto
El Ejecutivo envió en julio de 2024 un proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años. Se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de comisiones llegó a un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros bloques —pero fijando la edad en 14, no en 13.
Ese dictamen nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.
En 2026, con el crimen de Jeremías Monzón como disparador político, el Gobierno envió exactamente el mismo proyecto que en 2024, bajando la edad a 13 años. Los referentes de PRO y UCR dijeron de inmediato: “Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”.
El Gobierno retiró el proyecto el mismo día que lo presentó. La lectura en el Congreso fue que el Ejecutivo intentó reinstalar el debate sobre los 13 años, pero ningún bloque estaba dispuesto a convalidarlo, y varios anticiparon que no irían a comisión si el texto no cambiaba.
Finalmente, Diputados aprobó el proyecto con 149 votos a favor y 100 en contra, fijando la edad en 14 años. Ahora será tratado por el Senado para convertirlo en ley.