La recaudación sumó su novena caída y el Gobierno afina su estrategia para recortar el gasto, aunque cuenta con significativamente menos margen del que registró los años anteriores.
El compromiso inamovible con el superávit fiscal pone al Gobierno en un plano de tensión. Si bien abril recortó la caída que mostraron los ingresos en marzo, anotó una baja del 3,8% interanual, lo que dejó al primer cuatrimestre con una pérdida del 6,7%.
El Gobierno sostiene que la caída se da por la baja de impuestos, en especial de las alícuotas a las retenciones, lo cierto es que casi la mitad de los ingresos que se perdieron en abril fueron por la baja en la recaudación del IVA: este tributo marcó una contracción de $ 2,2 billones en el mes, mientras que la caída total fue de $ 5 billones en la comparación interanual. Por la baja de retenciones, se perdieron $ 1,2 billones.
La caída hace nueve meses consecutivos de la recaudación, con especial participación de recursos coparticipables, tensa el gasto del Estado nacional y los vínculos con las provincias.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la principal pérdida de recursos se dio hacia la Nación, que vio sus fondos recortarse en un 7,1%, mientras que las provincias tuvieron una merma del 5,7%.
El diputado nacional Guillermo Michel estimó que en el primer cuatrimestre, las provincias dejaron de recibir $ 1,3 billones.
El recorte de la meta fiscal aplicada por el FMI, que la llevó del 2,2% del PBI para todo 2026 al 1,4%, trajo alivio para el oficialismo, pero la merma en los ingresos supone que debe avanzar en el control del gasto para mantener el resultado.
A principios de abril el Gobierno se anticipó a este escenario y desde la Jefatura de Gabinete bajaron la orden a todos los ministerios que apliquen recortes en sus gastos. El mandato fue un recorte del 20% en sus gastos de capital y del 2% en gastos operativos.
El mandato se superpone con las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en su paso por las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, donde sostuvo que “lo bueno de la Argentina es que ya hicimos el ajuste. Por lo tanto, nos encontramos en una posición en la que nos sentimos cómodos con el nivel de gasto”.
Las carteras debían remitir a las autoridades involucradas (Jefatura y el Palacio de Hacienda) sus propuestas para las áreas a recortar, para luego avanzar en los presupuestos consolidados para el resto del año.
En el presupuesto 2026 se estipuló que los gastos corrientes de la administración gubernamental trepaban a $ 8,3 billones, mientras que los gastos en capital del total de la administración nacional se fijaron en $ 477.326 millones.
Si se amplía el presupuesto a distintas áreas de la administración, incluyendo servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, económicos y de deuda, el gasto corriente asciende a $ 144 billones, siendo $ 106 billones correspondientes a servicios sociales, mientras que el gasto de capital trepa a $ 3,2 billones.
El recorte del 20% propuesto para los gastos de capital se confrontan con que en 26 meses, la inversión acumuló una caída del 15,2%, equivalente a más de u$s 12.000 millones según IARAF.
El recorte en esta área supondrá un ahorro de $ 600.000 millones, mientras que en los gastos corrientes supone un ajuste de más de $ 2 billones, siendo el principal gasto el social.
Es quizás por eso que trascendió que los recortes no recaerán sobre los trabajadores del Estado, intentando evitar aumentar los despidos ante una ya compleja situación social con caída del empleo registrado, suba de la morosidad y pérdida del poder adquisitivo.
De la mano de este ajuste, el Gobierno envió al Congreso reformas para reducir la cobertura del régimen de zonas frías, para unificar la cobertura de subsidios en base a los ingresos de las familias.