En una jornada de intensa actividad legislativa y en medio del operativo para contener a Manuel Adorni en el Gobierno, el oficialismo logró dictaminar dos proyectos fundamentales para la estrategia económica del Gobierno en Diputados: Súper RIGI y los acuerdos con los holdouts tuvieron mayoría y están listos para ir al recinto, en una semana que asoma de alto voltaje.
Esta tarde se consolidó el respaldo de los aliados en la Cámara baja para el incentivo a las inversiones tecnológicas y, en paralelo, se habilitó el tratamiento del último tramo de la deuda con los bonistas que quedaron fuera de los canjes anteriores.
Ambos temas formarán parte del temario clave para una sesión que el titular Martín Menem proyecta para el próximo 24 de junio, un día después de la convocatoria de la oposición para tratar la moción de censura contra el jefe de Gabinete.
El acuerdo se llevó adelante durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología. Allí se emitió el dictamen de mayoría para el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos diseñado para captar inversiones a gran escala en sectores de vanguardia digital.
El proyecto cosechó 61 firmas sobre un total de 106 legisladores presentes. El apoyo incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, Innovación Federal e Independencia, además de los votos clave de los diputados Sergio Garrido (Por Santa Cruz) y la sanjuanina Nancy Picón (Producción y Trabajo).
Por su parte, los cordobeses de Martín Llaryora, Unión por la Patria y el radical Martín Lousteau rechazaron la iniciativa junto a la Izquierda.
El corazón de esta iniciativa busca atraer nuevos proyectos de inversión que superen los u$s 1.000 millones, destinados de manera exclusiva al desarrollo de Inteligencia Artificial, procesamiento de datos en grandes centros de cómputos e infraestructura tecnológica de última generación.
Entre los beneficios que recibirían los inversores está la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15%; límite al cobro de Ingresos Brutos (máximo del 0,5%), eliminación del impuesto de Sellos y prohibición de crear nuevos gravámenes al proyecto, entre otros.
Durante el debate en comisión, el texto original sufrió modificaciones sustanciales para equilibrar la llegada de capitales con el desarrollo local y el cuidado ambiental.
El dictamen introduce la obligación de que los megaproyectos adquieran un mínimo del 20% de sus insumos y servicios a proveedores locales, siempre y cuando la oferta nacional se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Este punto fue incorporado y subrayado por el MID, para prestar apoyo al proyecto.
Además, con el fin de fomentar la innovación, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto se computarán por el doble de su valor real a la hora de alcanzar el piso obligatorio de los u$s 1.000 millones.
Ante la preocupación por el enorme impacto en los recursos que suelen requerir las grandes instalaciones de datos, las empresas interesadas deberán constituirse como Vehículos de Proyecto Único (VPU) y presentar una declaración jurada respaldada por un estudio técnico riguroso que demuestre que el proyecto no comprometerá la sustentabilidad de los recursos naturales en su zona de influencia.
Más temprano, el oficialismo logró destrabar otro frente financiero crucial en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia. Con 42 firmas, quedó listo para ser debatido en el recinto el proyecto de ley que convalida los acuerdos de conciliación celebrados entre la Argentina y los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.
Esta iniciativa, que ya cuenta con aprobación del Senado, corre contra el reloj: el Poder Ejecutivo necesita su sanción definitiva antes del 30 de junio, fecha en la que vence la prórroga del plazo de implementación del acuerdo. Por esto es que el oficialismo no puede dejar pasar la oportunidad de aprobarlo la semana que viene. De hecho, el vencimiento para aprobar el acuerdo ya fue aplazado dos veces en abril y en mayo.
Durante la defensa del proyecto ante los legisladores, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo de Economía, Juan Ignacio Stampalija, destacaron que el dictamen permite cerrar litigios históricos que arrastraban sentencias firmes y amenazaban con generar embargos sobre activos estatales clave, como acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El acuerdo implica una quita entre el 30% y el 35% sobre las sumas que reclaman los fondos, los cuales quedaron en u$s 67 millones para Bainbridge Ltd. y u$s 104 millones para Attestor Value Master.
Con ambos dictámenes asegurados, La Libertad Avanza y los bloques aliados apuntan a convocar a una sesión especial la próxima semana para dar media sanción al régimen tecnológico y convertir en ley el estratégico acuerdo financiero.
El efecto Adorni no queda fuera de la mesa ante este escenario, puesto que tal como sucedió en el Senado, los aliados ven que exista la posibilidad de que el oficialismo baje esa iniciativa para no exponerse a lo que pueda pasar con los pedidos de moción de censura. Por ahora, los temas apuntan a ir por vías separadas, ya que la oposición convocó para tratar este tema el 23 de junio.
No obstante, todo dependerá de lo que resuelvan los aliados en la Cámara, donde por ahora estaban más bien a la espera de que el Senado resuelva cómo proceder. El “ultimátum” de paciencia lo plantaron para el 23, pero de haber un giro en esa postura de todos modos el Gobierno no puede postergar estos proyectos como hizo con Propiedad Privada, ya que son de sumo peso para su programa.