El reclamo por el estado de las rutas nacionales sumó un nuevo respaldo político. El Parlamento del Norte Grande aprobó, durante su 58° Sesión Plenaria, un documento en el que exige al Gobierno nacional que ponga fin al desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y garantice el ingreso de los recursos que corresponden al organismo para el mantenimiento de la red vial.
La resolución fue celebrada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, que la semana pasada había expuesto ante la mesa ejecutiva del Parlamento la situación que atraviesa Vialidad Nacional y el impacto que, según advirtió el gremio, tiene la falta de financiamiento sobre las rutas nacionales.
El encuentro reunió a legisladores de las diez provincias que integran el Norte Grande y contó con la participación de secretarios generales de las seccionales sindicales de la región, quienes describieron la situación vial en cada una de sus jurisdicciones.
Como resultado de esa presentación, el Parlamento resolvió acompañar el reclamo y exigir “el cese del ahogo financiero” sobre la Dirección Nacional de Vialidad, además de reclamar “el ingreso directo de los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad”.
El foco del reclamo
El planteo del sindicato apunta al financiamiento del organismo encargado del mantenimiento de las rutas nacionales.
Según el documento presentado por STVyARA, el Gobierno nacional mantiene retenidos los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que integran el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y que, de acuerdo con la posición del gremio, deberían destinarse a la planificación, construcción y conservación de la red vial nacional.
En la presentación, el sindicato sostuvo que el desfinanciamiento de la DNV está provocando un deterioro creciente de las rutas nacionales y advirtió que la situación pone en riesgo tanto la seguridad vial como la conectividad de las provincias.
El Parlamento del Norte Grande recogió ese planteo en su pronunciamiento y expresó su preocupación por el “gran deterioro de las rutas nacionales” y el desfinanciamiento del organismo, al considerar que ello pone en riesgo “la conectividad productiva y la seguridad vial”.
La postura del gremio
Tras conocerse la resolución, Aleñá destacó el respaldo político obtenido y afirmó que representa un avance para el reclamo que vienen impulsando los trabajadores viales.
“Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla”, sostuvo la dirigente sindical.
Además, señaló que “volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse”.
Durante la exposición realizada ante los legisladores, la titular del sindicato había cuestionado la política de financiamiento aplicada sobre Vialidad Nacional.
“Desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar”, afirmó Aleñá, al sostener que esa decisión implica que “el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país”.
El diagnóstico sobre las rutas
En el documento entregado al Parlamento, STVyARA aseguró que, luego de 30 meses de gestión del Gobierno nacional, “las rutas nacionales se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”.
Además, el sindicato denunció que el Ministerio de Economía mantiene retenidos “de forma ilegal” los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento, la planificación y la construcción de rutas nacionales.
Según el gremio, esos recursos superan “el monto recaudado por el período de los años 2024/2025 en mil millones y 0,6 billones remanentes de años anteriores”.
En el mismo documento, STVyARA sostuvo que el Gobierno “promociona y convalida el deterioro de la red vial nacional con el propósito de hacer ver a la sociedad que los trabajadores no mantienen las rutas y así ceder y concesionar las rutas a las provincias”.
Finalmente, el sindicato afirmó que “el descarnado recorte presupuestario de la DNV, que se suma al desfinanciamiento que le corresponde por ley, se traduce en víctimas fatales, aislamiento de comunidades del interior y el destrozo del desarrollo productivo de cada provincia”.
Con el respaldo institucional del Parlamento del Norte Grande, el reclamo por el financiamiento de Vialidad Nacional sumó un nuevo apoyo político y volvió a poner el foco sobre el estado de las rutas nacionales y el destino de los recursos destinados a su mantenimiento.