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El Gobierno Nacional oficializó este miércoles el DNU 378/2025, mediante el cual se modifican los tiempos máximos de vuelo y los períodos de descanso del personal de vuelo y de cabina, en línea con las políticas de desregulación de distintas actividades que viene llevando adelante el ministro Federico Sturzenegger.
La normativa publicada en el Boletín Oficial pretende alinear las condiciones laborales del sector a los estándares vigentes en Estados Unidos, para impulsar la competitividad, atraer inversiones y facilitar la llegada de nuevas compañías al país, lo que abre otro frente de conflicto con los gremios aeronáuticos que no quieren ceder beneficios en la actividad.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en conjunto con la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía, que emitió un comunicado en el que señala que la reforma pretende "despojar la normativa de connotaciones gremiales o políticas" que, a criterio del Gobierno, han tenido un impacto negativo sobre el funcionamiento de la industria.
"Esta medida permite que los operadores aerocomerciales cuenten con más libertades para organizar la operación, beneficiando tanto a las empresas como a los pasajeros, quienes contarán con una mayor competitividad y más opciones de vuelo, siempre priorizando la seguridad operacional", sostiene el comunicado difundido por las autoridades.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ya tiene en carpeta un paro total de actividades para el martes 10 de junio, que se extenderá desde las 18 hasta las 2 del día siguiente. Esta medida afectará las operaciones de Aerolíneas Argentinas en los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque) y Ministro Pistarini (Ezeiza).
Como antesala hubo recambios en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de Pierrini: hace algunos días se oficializó la renuncia de la titular Julia Cordero yserá reemplazada por Oscar Alfredo Villabona, quien hasta entonces se desempeñaba como director nacional de Inspección de Navegación Aérea (DNINA).
La normativa vigente para el Gobierno "encarece el costo de las tripulaciones" ya que los pilotos deben gozar un mínimo de horas consecutivas de descanso entre vuelos que no coincide con los parámetros de otros países, y para cubrirlos se necesita contratar a más pilotos.
Los ejes centrales de la reforma
Entre las modificaciones más relevantes se destaca la redefinición de lo que se considera tiempo efectivo de trabajo. A partir de ahora, el traslado del personal al aeropuerto y las actividades fuera del control directo del operador aéreo no serán contabilizadas como parte de la jornada laboral.
Es decir, el tiempo que los pilotos y tripulantes emplean en llegar al aeropuerto o en esperas previas al embarque no se computará como horas trabajadas.
Asimismo, el descanso semanal obligatorio se reducirá de 36 a 30 horas consecutivas, alineándose con los criterios de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA). Esta reducción, explican desde el Gobierno, responde a la necesidad de "equiparar condiciones con otros mercados" y evitar sobrecostos innecesarios.
En cuanto a las horas máximas de vuelo, se eleva el tope anual de 800 a 1000 horas, mientras que se reduce el límite diario de 10 a 8 horas. Según el Ejecutivo, esta medida también apunta a una mejor eficiencia operativa y a una disminución de los costos laborales sin comprometer la seguridad del sistema.
Otro punto sensible de la reforma es el régimen de vacaciones. Se establece un descanso anual de 15 días consecutivos y se elimina el sistema anterior, que permitía una acumulación de hasta 45 días para los pilotos de nueva incorporación.
En comparación, en Estados Unidos los pilotos reciben 14 días de vacaciones durante sus primeros cinco años de servicio. "La normativa previa generaba distorsiones y un costo elevado para las empresas, desalentando la contratación de nuevo personal", argumentaron fuentes oficiales.
Mientras que algunos operadores privados saludaron la medida como una "señal positiva para el mercado", distintos gremios aeronáuticos anticiparon que podrían convocar asambleas y medidas de fuerza.
Desde el ámbito sindical, sostienen que las modificaciones representan un retroceso en los derechos laborales y alertan sobre el riesgo de "importar condiciones sin considerar las particularidades locales".