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La Cámara de Diputados enfrenta la semana que viene un calendario que condensa dos agendas en colisión: la del Gobierno, que empuja el tratamiento de sus prioridades económicas, y la de la oposición, que busca forzar al recinto a pronunciarse sobre el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El resultado de esa pulseada depende, en gran medida, de una decisión que el bloque del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se niegan a tomar antes del último momento posible: si dar o no quórum para la convocatoria del 23, en donde la oposición buscará tratar los pedidos de informes, interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador.
“No creo que digan qué van a hacer hasta el día de la sesión”, se anticipó una voz de la oposición dialoguista ante El Cronista, al analizar cómo se avecina el panorama para entonces. Desde el oficialismo, por otro lado, confirmaron que van a insistir con convocar a una sesión el 24 -aún sin pedido formal- para avanzar con los proyectos clave que dictaminaron esta semana.
Se trata del Super RIGI y del acuerdo con los holdouts, que consiguieron mayoría en las comisiones con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El antecedente en el Senado, donde todavía no pudieron aprobar la ley de Propiedad Privada, acorralados por la embestida contra Adorni, dejó el panorama abierto sobre lo que puede pasar.
“Va a haber, queremos”, definieron por estas horas desde La Libertad Avanza. “Por ahora, sí”, sumó en ese sentido una espada clave del Ejecutivo. No son ajenos a la denominada “parálisis política” que, de todos modos, creen que “iba a pasar igual por el Mundial”, según le dijeron a este medio.
La presión del Ministerio de Economía se redobla particularmente por el pago a los holdouts, ya que cuenta con media sanción del Senado y debe quedar convertido en ley antes del 30 de junio. La fecha para los acuerdos ya fue aplazada dos veces por el trámite legislativo, y ahora no hay margen para seguir postergándolos.
Por otra parte, el temario de la sesión del 23 incluye seis expedientes. Dos pedidos de informes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado, más tres proyectos que apuntan al fondo de la cuestión: la interpelación del ministro coordinador como paso previo a la moción de censura.
El nudo del debate está en los números. La oposición suma en torno a 91 bancas. Con el peronismo impulsando el pedido de sesión especial junto a un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la Izquierda y algunos monobloques, podrían alcanzarse 115 votos. Faltan 14 para el quórum.
Esos 14 votos están, exactamente, en los bloques que el Gobierno necesita para sus propias iniciativas del día siguiente. Desde el PRO afirmaron que no hay postura definida y que el bloque que conduce Cristian Ritondo instó al Gobierno a separar a Adorni del cargo.
Desde la UCR, en tanto, bajaron el tono del desafío y señalaron que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio —que incluye también al MID y a la diputada Karina Banfi— para definir una postura común. Según habían anticipado en los últimos días, iba a “depender de lo que haga el Senado”. En la Cámara alta, en tanto, postergaron la definición para una sesión el 25.
Dentro de ese interbloque hay, sin embargo, dos excepciones confirmadas. El diputado del PRO Álvaro González, referente del espacio que conduce el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que dará quórum el 23. El bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que conduce el diputado Oscar Zago, también confirmó su presencia en el recinto.
Lo que sí puede pasar el 23 de junio, si hay quórum, es que la sesión apruebe el emplazamiento para forzar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento a reunirse y dictaminar los proyectos en un plazo determinado. La moción de censura, si finalmente avanza, no llegaría antes del segundo semestre.
Al menos, esa es la discusión que quiere dar el Gobierno. El diputado y titular de la comisión de Asuntos, Nicolás Mayoraz, comenzó a dar la batalla en esta línea en redes contra el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien agitó sobre la posibilidad de votar directamente las interpelaciones sin necesidad de emplazar las comisiones para apurar el trámite.
“No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quórum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, sostuvo Ferraro siguiendo la línea interpretativa que acordó José Mayans con Patricia Bullrich en el Senado. “No es una ocurrencia mía”, sumó.
Mayoraz, quien estuvo presente en reuniones clave este miércoles en la Casa Rosada, salió a defender la bajada que decidieron desde la Mesa Política: “El artículo 101 de la Constitución fija la mayoría necesaria para aprobar una moción de censura pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”, argumentó.
“Para habilitar las interpelaciones se exigieron los 2/3 de votos, y al no alcanzarlos, solo se obtuvo el emplazamiento de las Comisiones para dictaminar. El tema es clarísimo y la interpretación de la doctrina no deja dudas al sostener que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento", expresó.
Ferraro remató con la interna: “Nicolás, no pierdas el tiempo conmigo. En realidad, esta discusión deberías tenerla con Patricia Bullrich, que fue quien sostuvo y avaló esta interpretación”, le respondió.
Este mismo argumento fue enviado por fuentes de Balcarce 50 a El Cronista para explicar cuál va a ser la estrategia que van a dar para ganar más tiempo y dilatar la embestida de la oposición.
Por caso, el acuerdo en Labor Parlamentaria del Senado fue sesionar el próximo jueves 25 de junio, con todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni en el orden del día. Si consiguen mayoría, el jefe de Gabinete deberá comparecer ante los senadores el 2 de julio, fecha en la que agendó el informe de gestión.
La jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, consiguió dilatar una semana la sesión que en principio iba a realizarse este jueves. Como contrapartida, debió aceptar que en la sesión del 25 queden incluidos los pedidos de interpelación, con la posibilidad de que de allí se derive una moción de censura.
La estrategia de dilación tiene un horizonte muy corto. El propio Adorni tiene previsto este fin de semana un acto en Rosario, y en el entorno opositor la lectura sobre su situación no admite matices. “De acá al martes puede pasar cualquier cosa con Adorni”, admitió en privado un diputado con línea directa al bloque dialoguista. “Ninguna que mejore su situación. Solo puede empeorar”, completó la misma fuente.
También consideran que el acto del Día de la Bandera será decisivo para que los bloques midan el clima: “Hay que ver qué pasa en Rosario: si lo vivan o lo abuchean. Cuando tomen conciencia del malestar de la gente de a pie, es boleta“, interpretan.
Super RIGI, holdouts y PCT
El Gobierno necesita del mismo capital político aliado para las dos cosas: que el PRO y la UCR no den quórum el 23 para no achicar a Adorni, y que sí acompañen el 24 para sacar sus proyectos económicos. El Super RIGI tiene como objetivo incentivar inversiones de más de u$S 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”.
Los aliados habituales del oficialismo apoyaron el dictamen pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de contratación de proveedores locales y reclamaron una definición más acotada de las industrias alcanzadas.
Otra iniciativa que el oficialismo pretende aprobar el 24 es el acuerdo alcanzado con dos fondos buitre para cancelar litigios pendientes vinculados al default de 2001. El proyecto establece el pago de u$s 171 millones: 67 millones a Bainbridge Ltd. y otros 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund. El Gobierno necesita que la Cámara baja lo convierta en ley antes del 30 de junio, fecha límite del acuerdo.
Por otra parte, también quedó en el tintero el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el cual obtuvo dictamen tiempo atrás y desde las multinacionales están expectantes a que lo lleven finalmente al recinto ese 24 de junio. Deberá volver al Senado, no obstante, porque impulsaron cambios: la reserva al polémico Capítulo II, altamente discutido por los laboratorios nacionales.
Se trata de uno de los compromisos que contempla el acuerdo comercial con Estados Unidos y tenía como fecha para adhesión el 30 de abril. Dicho vencimiento se vio desdibujado no solo por el lobby por el tratado, sino también porque el tratado en sí se vio intervenido por el revés arancelario contra el presidente norteamericano, Donald Trump, con la Corte Suprema estadounidense.
La apuesta del oficialismo es que los aliados distingan entre un tema y el otro: que comprendan que frenar la agenda económica del 24 por no haber querido dar quórum el 23 tiene un costo que ninguno de los dos bloques está dispuesto a pagar. Esa misma lógica, sin embargo, es la que le da poder de negociación al PRO y a la UCR frente a la Casa Rosada.