El Gobierno de Javier Milei debe hacer frente a otro fallo de la Justicia federal por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad con un plazo contrarreloj y, por estas horas, el Ministerio de Salud prepara un informe explicativo para sobre el estado de los trámites administrativos para defender que en realidad puso en marcha su aplicación.
Se trata del ultimátum que orquestó dos días atrás el juez Adrián González Charvay para que el gobierno de Javier Milei ponga en vigencia la ley que frenó en 2025, junto con la de Financiamiento Universitario, luego de que el Congreso de la Nación rechazara los vetos presidenciales.
Además de otorgarle un plazo hasta el 4 de febrero para que entre en vigencia, el juez le dio un plazo de cinco días para que preparen un informe explicativo. “Estamos preparando la respuesta a la intimación”, aseguraron fuentes del área ante El Cronista.
Se trata del segundo fallo judicial que afronta el Gobierno en las últimas semanas. La demanda colectiva se orquestó por el decreto 681/2025, el cual promulgó las leyes tras el rechazo a los vetos presidenciales, pero suspendió su aplicación porque en ese momento no contaba con fuentes de financiamiento para los gastos previstos.
“No hay plata, no se va aplicar”, repitieron hasta el cansancio en Casa Rosada. Lo que sí habilitó la cartera de Mario Lugones, que recientemente absorbió como secretaría a la vieja Agencia Nacional de Discapacidad, es la actualización de los nomencladores de hasta el 35% para los prestadores, contemplado en una de las secciones de la ley.
El otro recurso en proceso es la apelación que presentó Santiago Castro Videla, el jefe de la Procuración del Tesoro, ante la Cámara Federal de San Martín, también por una sentencia dictada por el juez González Charvay, quien ordenó la “implementación inmediata” de la ley.
En ese fallo de diciembre, el magistrado declaró también la invalidez constitucional del artículo 2 del decreto planificado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el asesor Santiago Caputo. Alegó que no estaba en las facultades presidenciales suspender mediante una reglamentación una ley nacional.
La Cámara habilitó la feria judicial para supervisar el cumplimiento del fallo e intimó al ministerio para que informe al respecto. En esta instancia, el Ministerio de Salud defendió ante la Justicia federal de Campana que la ley sí se estaba cumpliendo pero no de manera inmediata.
En aquella presentación detallaron los pasos seguir para cumplir con el “régimen integral de emergencia nacional en discapacidad con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 (...) cuyo objetivo expreso es efectivizar el cumplimiento de las obligaciones estatales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad“, según establece la ley.
Se espera que ahora Lugones presente en detalle cómo empezó a cumplir la ley y tiene tiempo hasta el 26 de enero para presentar dicho informe, mientras que en la Casa Rosada evalúan cómo llevar adelante algún tipo de modificación desde el Congreso.
De por sí, el oficialismo no contempló el gasto en el Presupuesto 2026 destinado a las partidas de Discapacidad y Universidades previsto por estas otras las leyes. Si bien falló en el intento de derogarlas -el Congreso rechazó el artículo que lo pretendía- el Presupuesto que sancionaron tampoco las contempla, tal como se evidenció esta semana en la asignación de créditpos.
Un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP) muestra que el reparto de créditos presupuestarios del jefe de Gabinete publicado esta semana en el Boletín Oficial no contempla los fondos de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, porque el Congreso no modificó el Presupuesto 2026 para incluirlas al eliminarse el Capítulo 11.
En otras palabras, en el proyecto original se derogaban ambas leyes por lo que no se le asignaban recursos. Se trata ahora de una disputa entre dos leyes nacionales y, por ende, competencia de la Corte Suprema de Justicia.
El diputado Nicolás Massot y los radicales de Provincias Unidas intentaron incorporarlo en el dictamen, al igual que el bloque de Unión por la Patria, pero no consiguieron el aval suficiente para imponerlo. La única batalla que logró en su momento la oposición fue evitar que se deroguen.
En este sentido, desde el Gobierno también planean buscar una alternativa para terminar de apagar el fuego judicial. “Fue un error intentar derogarlas, hay que modificarlas”, reconoció una voz de la Mesa Política en diálogo con este medio. Este jueves las fuentes confesaron que todavía no llegaron a una conclusión sobre cómo encarar esa estrategia, que de todos modos quedará para las sesiones ordinarias.