El Gobierno tiene planeado que la reforma laboral entre al Congreso el próximo 15 de diciembre, una vez renovadas las Cámaras en unas elecciones que espera con optimismo. La reforma laboral es un paso necesario para la reforma previsional que también buscan impulsar y para la que tiene el aval del FMI. El organismo plasmó en su primera revisión del programa que Argentina avanzará en una flexibilización del mercado laboral para "apoyar el empleo formal" y "facilitar la movilidad laboral hacia sectores con mayor productividad y ventaja comparativa". Según detalló el organismo, la reforma laboral se basará en la reciente introducción de un fondo de indemnizaciones "destinado a mitigar los riesgos asociados a los litigios relacionados con el despido". El fondo de cese establece aportes mensuales del empleador y del trabajador (según fije el convenio) para reemplazar la indemnización por despido tradicional, y similar al vigente en el sector de la construcción. Para ello, destacaron el rol del Consejo de Mayo, integrado por representantes de las provincias, el Congreso, el empresariado y los sindicatos, para recabar el apoyo necesario para la aprobación de esta reforma, junto con la tributaria y la previsional, que deberá ingresar para fines de 2026. Una de las alternativas que se barajan en el proyecto que está prácticamente cerrado, pero que incluirá cambios, es la revisión de leyes y decretos que más figuran en la litigiosidad laboral. Una iniciativa impulsada por Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de Insight 21, think tank de la Universidad Siglo 21, se dedica a revisar los fallos de los fueros laborales de las provincias para detectar los artículos más usados en los juicios laborales e impulsar sus modificaciones. En diálogo con El Cronista, el especialista citó distintos ejemplos de los artículos más citados. Entre ellos, destacó el decreto 659/96, que establece la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. En ella, Utrera señala que había un problema sobre los rangos de incapacidades y que la fijación de un porcentaje de incapacidad debería estar regido por un criterio objetivo para evitar la litigiosidad en caso de que sea inferior al rango máximo. Esto fue modificado ayer por el decreto 549 para establecer un "procedimiento uniforme y estandarizado para la valoración del daño corporal, que abarque tanto el deterioro físico como el psíquico del trabajador". El nuevo enfoque modifica la tabla de evaluación de incapacidades para que el análisis se realice "de manera objetiva, racional y reproducible" y para facilitar "un resarcimiento justo y equitativo de los daños sufridos" Una de las dificultades que detectaron al respecto es que el aumento de la litigiosidad por accidente no se condice con el nivel de los accidentes. Según la Fundación Mediterránea, Argentina tiene un nivel de siniestralidad laboral similar al de Chile o España, pero los litigios por accidentes asciende a 114,2 por cada 10.000 trabajadores, mientras que en los otros países se ubican en 5,8 y 9,5 respectivamente, "lo que sugiere que en estos países los conflictos laborales derivados de accidentes de trabajo se resuelven con menor frecuencia en los tribunales". Otras de las reformas que propone a partir de esta revisión es la del artículo 40 de la Ley 24.557, de accidentes de trabajo, para fijar un comité técnico que tenga mandato para determinar la tabla de incapacidades. Según indicó, hoy este comité funciona de manera consultiva con representantes de las partes, sindicatos y empresas. Entre las modificaciones que propone a partir del relevamiento destacó la de la actualización de los montos indemnizatorios que, según analizó, no se definen de una manera concreta ni objetiva, sino que dependen del criterio de los jueces, lo que puede aumentar la litigiosidad. Por otro lado, postula que existen máximos indemnizatorios fijados que se licúan por la inflación, lo que también deriva en mayores acciones judiciales, o las indemnizaciones agravadas, que fueron eliminadas por la Ley Bases, que fijaban montos que aumentaban el pago si el trabajador no había estado registrado u otras violaciones de las leyes laborales. Para Luis Campos, investigador del Instituto de Formación de la CTA Autónoma, la litigiosidad responde también a otros factores. Uno de ellos es el problema de la rentabilidad, en especial en pymes, más afectadas por los problemas de competitividad originados por factores como el tipo de cambio, la infraestructura deficiente, la contracción del mercado interno, entre otros. "Son cuestiones reales pero que están fuera del alcance de cada empleador. Al no poder reducir costos por esa vía, muchos recurren a incumplir la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Los trabajadores priorizan mantener sus puestos de trabajo", agregó Campos. Por último, el especialista agregó que la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con las violaciones a los derechos laborales: "Tan solo para poner un número: en Argentina hay más de 5 millones de asalariados no registrados. En la provincia de Buenos Aires en 2024 se iniciaron poco más de 100.000 juicios en el fuero laboral y solo una parte fueron por denuncias de falta de registro". Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano destacó que en junio hubo una caída interanual del 10% de los conflictos laborales con paro, y una baja del 22% respecto del mes anterior.