El Poder Ejecutivo firmó en las últimas horas dos decretos que remodelan la estructura del área de salud pública, con impacto sobre organismos científicos y de atención a personas con discapacidad.
Las medidas, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud Mario Lugones, y entran en vigencia de forma inmediata.
El primero de los decretos, el 192/2026, dispone la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
El organismo había sido creado en 1992 y transferido al ámbito de la ANLIS cuatro años más tarde. El Ejecutivo justificó la medida sosteniendo que las competencias de ese centro habían sido “progresivamente asumidas por otras áreas de la Administración Pública Nacional”, tornándolo redundante.
El mismo decreto ordena además dos fusiones dentro de la ANLIS: el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias (CEDIE) se integrará al Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, y el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos quedará absorbido por el Instituto Nacional de Producción de Biológicos.
El Gobierno argumentó que esta última unificación permitirá “optimizar el aprovechamiento de capacidades técnicas y operativas” y consolidar procesos dentro de la estructura sanitaria nacional.
El segundo decreto, el 193/2026, modifica la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Salud, en el marco de la absorción de las funciones que hasta hace poco ejercía la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La norma incorpora nuevas unidades vinculadas a la Secretaría Nacional de Discapacidad, suprime direcciones consideradas prescindibles y reorganiza el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) y el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad, que pasan a depender de esa Secretaría.
Ambos decretos se inscriben en la política de achicamiento del Estado que el Gobierno de Milei viene impulsando desde su asunción. Los considerandos de las normas sostienen que “la magnitud de la estructura de la Administración Pública Nacional y su excesiva injerencia en diversos sectores resultan contrarios a la consecución de un Estado eficiente”, y que las reorganizaciones buscan garantizar mayor coordinación, mejor uso de recursos y una gestión “más ágil”.
En ambos casos, el Ejecutivo aclaró que las medidas no implican un incremento en la cantidad de unidades organizativas del Estado nacional.
Las decisiones generarán un impacto directo sobre el personal y las actividades de los organismos involucrados, aunque los decretos no especifican qué ocurrirá con los trabajadores de las áreas disueltas ni con las investigaciones en curso en el Centro Nutricional.