El Gobierno nacional resolvió el desacuerdo interno que mantenía frenada la reforma del Código Penal y, según pudo saber El Cronista, definieron enviar el proyecto al Congreso dividido en dos partes.
El texto se encuentra en el proceso de tramitar hacia la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, para su revisión final y firma antes del envío a la Cámara de Diputados.
Lo que resta resolver es qué materias tendrán prioridad en cada tramo: según fuentes al tanto de la elaboración del proyecto, la división tiene que ver con los delitos que se enviarán.
El desacuerdo que trabó el proyecto durante semanas enfrentó dos visiones dentro del propio oficialismo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsaba una estrategia escalonada: enviar el texto en varias tandas, para poder defender cada bloque de reformas por separado en el Congreso sin quedar atrapado en debates simultáneos sobre seguridad, delitos económicos, género y política criminal.
Por otro lado, el asesor presidencial Santiago Caputo, en cambio, prefería mandar el proyecto completo de una sola vez. El colaborador del presidente Javier Milei había trabajado en el tema en conjunto con el exsecretario de Justicia y actual Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
“Se llegó a un punto medio”, resumieron las fuentes que confirmaron la decisión de dividirlo en dos tramos.
La tensión quedó expuesta desde la publicación del ministro Mahiques tras su reunión con el jefe de Estado en la Quinta de Olivos, a fines de marzo. “Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, escribió el funcionario en X.
En el mismo posteo anticipó que, mientras se elabora el texto integral, el Gobierno trabajaría junto al Congreso “en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos”. La fórmula comunicaba, entre líneas, la estrategia de las tandas que el ministro venía defendiendo.
Los desacuerdos llegaron a tal punto que se convirtió en otro eslabón más en la insaciable interna en el Gobierno. Desde el karinismo incluso sostuvieron ante este medio que la secretaria Ibarzábal Murphy, del riñón de Santiago Caputo, habría retenido la firma y el envío del proyecto.
El crimen de Agostina Vega en Córdoba volvió a poner la reforma penal en el centro de la agenda política. La fiscalía cordobesa investiga el femicidio de la menor de 14 años, quien desapareció el 23 de mayo y fue hallada muerta una semana después. Según determinó la autopsia, la adolescente murió por asfixia mecánica.
El caso también derivó en consecuencias políticas en Córdoba: un concejal peronista, Ricardo Moreno, no solo le había conseguido trabajo en la Municipalidad al acusado, sino que además había sido su abogado en la causa anterior.
El Gobierno reactivó la discusión interna por el Código Penal en medio de la conmoción por ese crimen. En la Casa Rosada aseguraron que la intención era enviar el proyecto “cuanto antes” y que el texto en revisión incluye endurecimiento de penas para delitos sexuales y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.
Código Penal: qué podría incluir la reforma
El texto fue trabajado en conjunto con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborarlo, desde la administración de Mauricio Macri. El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
El proyecto que trabaja Mahiques será es más acotado que el borrador original. El nuevo texto reduce el articulado: el Código actual tiene 912 artículos y quedarían aproximadamente 500. Suma recordar, en este sentido, que la reforma iba a incluir el Régimen Penal Juvenil y hubo un volantazo en extraordinarias para acelerar su tratamiento y finalmente fue sancionado.
El texto además incluirá cambios para adecuar la protección de la propiedad intelectual como parte de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos, y añadirá previsiones de crimen organizado.
En materia de delitos informáticos, se tipificarán el hackeo, la difusión no autorizada de imágenes, el acceso ilegítimo, el hurto informático y los ataques contra sistemas esenciales. Entre las nuevas figuras que se incorporan figuran los delitos migratorios, las estafas piramidales, la modalidad conocida como viuda negra, salideras, entraderas, motochorros, daño animal, armas en cárceles y picadas.
Además habrá un abordaje de la violencia en espectáculos deportivos que sumará penas por dopaje, corrupción y actos asociados a agrupaciones ilícitas en ese ámbito. En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.
Sobre el rumor que habría trascendido con respecto de agravar los delitos por corrupción, fuentes judiciales acercaron a El Cronista que en realidad ese aspecto se había abortado desde antes del recambio en el ministerio y no se retomará. Tampoco trascendió la idea de erradicar la figura del femicidio, que actualmente funciona como agravante.
En el Ministerio de Justicia sostienen que un proyecto demasiado extenso puede quedar empantanado en el Congreso y obligar al Gobierno a defender al mismo tiempo temas de seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal. Por eso, cerca del ministro insisten en una versión más corta y defendible.
Agenda judicial recargada
A esto se suma que el Código Penal no es el único frente abierto. La Libertad Avanza cerró la última semana con una batería de proyectos enviados al Congreso: el Super RIGI, la ley de Lobby y la ley de Sociedades en Diputados, además del Etiquetado Frontal y el proyecto de Ludopatía en el Senado.
Asimismo, la semana pasada el Senado aprobó 74 pliegos judiciales, y el Gobierno prevé enviar esta semana entre 50 y 60 nuevos pliegos para cubrir cargos en fueros civiles, comerciales y de familia, mientras que sigue de cerca la actividad del Consejo de la Magistratura en concursos para juzgados federales y cámaras de apelaciones considerados estratégicos.
Otro proyecto que ya pasó por el Ministerio de Justicia y quedó en Legal y Técnica es el de juicio por jurados, que el Gobierno considera prácticamente listo para su envío al Congreso. Los principales ejes de la agenda parlamentaria de junio serían el Super RIGI y la ley de lobby, aunque el Ejecutivo también pretende incorporar las iniciativas de propiedad privada y holdouts una vez que completen su proceso de elaboración.
Fuente: HCDN
En la Casa Rosada sostienen que junio será clave para mostrar volumen legislativo antes de que el Mundial absorba parte de la agenda pública. La reforma del Código Penal, en ese marco, llega al Congreso con el viento político a favor —impulsada por la conmoción del caso Agostina— pero con la negociación legislativa aún por delante.