El Gobierno decidió avanzar con una sesión en el Senado esta semana para aprobar, luego de dos aplazamientos, el proyecto de Propiedad Privada. No obstante, el escenario legislativo es incierto, puesto que el mismo día habrá una reunión de labor que definirá cómo va a proceder el cuerpo ante los pedidos de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El avance sobre el proyecto que ideó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue una de las decisiones de peso que surgieron de la reunión de la Mesa Política que se llevó adelante el pasado jueves. La fecha elegida es el miércoles 17 de junio, después de que debute la selección argentina en el Mundial.
La otra fue que el ministro-coordinador anunciara la presentación del próximo informe de gestión en el mes de julio. De ahí se desprendió que la vicepresidente Victoria Villarruel pidiera una reunión de labor parlamentaria para el mismo miércoles en pos de exigirle al funcionario que adelante su presentación.
En el medio, los bloques de ambas Cámaras comenzaron a presentar pedidos de moción de censura. Se trata de una herramienta del Congreso para exigirle responsabilidad al Poder Ejecutivo, según dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional, y tiene como objetivo final la destitución del funcionario.
Primero, el pedido da lugar a una interpelación del jefe de Gabinete y, luego de esa instancia, se vota la moción. Esta no requiere de mayoría especial: con 129 diputados y 37 senadores dispuestos a remover a Adorni bastará para aprobar la moción. No es la primera vez que la oposición impulsa estos pedidos, aunque hasta ahora no habían tenido el aval de los bloques dialoguistas para avanzar.
El procedimiento es largo y la primera embestida será para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para dictaminar sobre los proyectos de resolución. No obstante, los aliados comenzaron a presionar públicamente con la esperanza de no tener que llegar a esa instancia.
“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, fue la última publicación del PRO en redes sociales. Esta le siguió a otro largo descargo en el que, también, criticaron y cuestionaron las declaraciones del jefe de Gabinete por la presentación de la declaración jurada.
El PRO busca que el ministro renuncie para no tener que votar la interpelación e hizo un pedido abierto en este sentido. “Empezó a discutirse (aprobar la moción), que no es poco. La mayoría quiere sanamente que se resuelva antes de que se convoque esa sesión, en la forma obvia...“, sumó un legislador amarillo en diálogo con El Cronista.
El peronismo hizo lo propio en el Senado, por un lado, con la presentación de un proyecto propio de moción de censura. En Diputados, el peronismo acompañó un pedido de sesión para el 23 de junio a partir de las 14 junto con la firma de la Coalición Cívica, la Izquierda y los disidentes de Provincias Unidas, con efectos de tratar los proyectos de moción de censura y pedidos de informes.
Si el PRO y la UCR decide acompañar esta embestida a la oposición le alcanzarán los números para destituir a Manuel Adorni, aunque ya dejaron en claro que buscan no tener que llegar a ese momento. Las conversaciones del fin de semana largo serán decisivas.
Pese a este acorrale, fuentes de la Mesa Política ratificaron en diálogo con este medio que la intención de avanzar con Propiedad Privada sigue en pie. El proyecto sufrió de varias modificaciones y la versión que podría obtener “media sanción” podría diferenciarse todavía más de la que envió Sturzenegger.
El acuerdo se logró luego de posponer su tratamiento dos veces en el recinto: la primera fue cuando aprobaron los pliegos judiciales, la segunda fue la semana pasada -ni llegó a trascender el pedido de sesión-. ¿La tercera es la vencida?
El texto abarca distintas medidas para facilitar desalojos, limitar las expropiaciones y flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.
Este último punto fue el más conflictivo en la negociación y la senadora Patricia Bullrich definió, junto a la UCR, que si un extranjero quiere comprar una zona de frontera deberá haber una aprobación del Congreso mediante y no solo la revisión del Poder Ejecutivo.
Además, cuando se firmó el dictamen ya se habían puesto algunos límites como, por ejemplo, que el plazo para ejecutar un desalojo no sea de tres días, como propuso Sturzenegger, sino diez; y en cuanto a las expropiaciones se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30%, entre otras cuestiones.
Con respecto del manejo de fuego, los aliados acordaron eliminar la ley que impulsó Máximo Kirchner para impedir que se utilicen suelos incendiados por 60 años, pero se van a mantener las restricciones para construir sobre bosques nativos.
Los aliados además pujaron para que no se lleve adelante finalmente el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Aunque eso ya se había eliminado en la versión que se iba a poner en debate durante la última sesión pero que de manera sorpresiva sufrió otra postergación.