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La pobreza volvió a bajar en la Argentina y se ubicó en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, según informó este jueves el Ministerio de Capital Humano. El dato implicó una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3%.
La estimación fue elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC. El Gobierno atribuyó el descenso a la desaceleración de la inflación, la estabilización macroeconómica y la focalización de las políticas sociales en los sectores más vulnerables.
El informe oficial señaló además que la pobreza registró su pico máximo en el primer trimestre de 2024, cuando alcanzó al 54,8%, y destacó que desde entonces se consolidó una tendencia descendente.
En paralelo, la indigencia se ubicó en 6,0% en el tercer trimestre de 2025, con una baja interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
Desde el Ministerio recordaron que el INDEC publica la medición oficial de pobreza de manera semestral y que el próximo dato oficial se difundirá en marzo de 2026, correspondiente al segundo semestre de 2025.
Las estadísticas públicas, otra vez en la polémica
El anuncio oficial se produce, además, en un contexto de fuerte controversia política y técnica en torno a la credibilidad de las estadísticas públicas, luego de la polémica suscitada por la postergación —y posterior redefinición— de la nueva metodología para medir la inflación que preparaba el INDEC. Ese episodio precipitó la renuncia de Marcos Lavagna a la conducción del organismo y abrió un debate de alcance nacional sobre la posibilidad de que se alteren indicadores sensibles para favorecer la narrativa económica del Gobierno.
La discusión se intensificó a partir de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anoche confirmó en una entrevista televisiva que el Ejecutivo no avanzará con el índice que se encontraba en preparación y que, en cambio, se elaborará un indicador distinto, con otra metodología y otros tiempos de implementación. Según explicó, tanto él como el presidente Javier Milei consideraron que no era el momento adecuado para introducir cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Caputo argumentó que el índice vigente se construye sobre una canasta de consumo basada en una Encuesta Permanente de Hogares realizada en 2018 y sostuvo que los hábitos de consumo cambiaron de manera sustancial tras la pandemia. En ese marco, planteó que modificar la metodología en pleno proceso de desinflación podía introducir distorsiones adicionales y generar confusión en la lectura de los datos.
Sin embargo, la salida de Lavagna y la revisión del IPC reavivaron sospechas en sectores de la oposición y entre economistas independientes, que advirtieron sobre el impacto directo que cualquier cambio metodológico puede tener no solo en la medición de la inflación, sino también en el cálculo de las canastas básicas de pobreza e indigencia y, por lo tanto, en la cantidad de personas consideradas pobres o indigentes.
La advertencia no es menor. La línea de pobreza se define en función del costo de la Canasta Básica Total, que a su vez se actualiza por la evolución de los precios. Un subcálculo —o un cálculo a la baja— de la inflación tiene efectos inmediatos sobre esas canastas y, en consecuencia, sobre los indicadores sociales que el Gobierno presenta como uno de los principales logros de su gestión.
En ese punto se inscribe la narrativa oficial que el propio presidente Javier Milei suele reforzar en sus intervenciones públicas, al afirmar que sus políticas “sacaron de la pobreza a millones de seres humanos”. En distintos discursos, el mandatario habló de 10 millones y, en otras ocasiones, de hasta 12 millones de personas que habrían dejado de ser pobres como resultado del programa económico.
Esa afirmación es cuestionada de manera recurrente por la oposición y por analistas independientes, que señalan que la magnitud de la supuesta reducción no se condice con otros indicadores de la economía real. Entre ellos, mencionan la persistente caída del consumo, la debilidad del mercado laboral y un crecimiento económico que no termina de consolidarse, pese a la desaceleración inflacionaria.
La discusión con la UCA
El debate se reavivó también a partir de cuestionamientos académicos. La Universidad Católica Argentina (UCA), por ejemplo, salió al cruce de estimaciones oficiales previas sobre la pobreza y volvió a poner sobre la mesa las diferencias metodológicas entre las mediciones oficiales y las realizadas por centros de investigación independientes.
En paralelo, los datos de opinión pública refuerzan la centralidad del problema. Según una encuesta reciente de la consultora Opinaia, publicada por El Cronista, la pobreza se consolidó como la principal preocupación de los argentinos, con el 56% de las menciones, seguida muy de cerca por el desempleo, que alcanzó el 52%. La inflación, que dominó la agenda durante los primeros meses de la gestión Milei, descendió en el ranking de inquietudes, aunque sigue presente.
El relevamiento muestra un cambio significativo en las prioridades sociales. Mientras el Gobierno destaca el proceso de desinflación como su principal activo, una parte mayoritaria de la población percibe que los problemas estructurales —pobreza y empleo— siguen sin resolverse y condicionan la mejora del bienestar cotidiano.
Esa tensión entre indicadores macroeconómicos y experiencia social también aparece reflejada en datos territoriales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, aumentó con fuerza la demanda de asistencia para personas en situación de calle, con un crecimiento del 40% en los últimos meses, según datos oficiales del distrito. Si bien el Gobierno porteño sostiene que el sistema de contención logró absorber ese incremento, el fenómeno vuelve a poner en discusión la lectura agregada de los datos nacionales.