La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos tras la declaración de las mujeres que financiaron la hipoteca del departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco, mientras crece la presión sobre la escribana que intervino en la operación por las múltiples irregularidades que se desprenden de su accionar.
Ayer la escribana tuvo que hacerse presente ante el colegio que rige la actividad en la Ciudad de Buenos Aires para responder por su conducta profesional. Si bien la cita fue en carácter informal, el Consejo Directivo del organismo está facultado para iniciarle un sumario que podría derivar en eventuales sanciones, incluso la suspensión de su matrícula.
Hoy la Justicia se encuentra avocada a la trazabilidad de las operaciones que derivaron en el incremento patrimonial del jefe de Gabinete. En este sentido, tanto la citación de las prestamistas de la hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco ayer como el próximo paso de las acreedoras de la hipoteca a saldo de precio por la unidad de la calle Miró, en Caballito, son claves.
Hay un lazo que certifica ambas operaciones que es la escribana, quien ya pasó por Comodoro Py la semana pasada. En uno y otro caso, Nechevenko incumplió con obligaciones fundamentales que fija la Resolución 242/23 y que funcionan como luces rojas ante cualquier operación riesgosa. Es lo que en la jerga profesional denominan el “enfoque basado en riesgo”.
La práctica profesional dicta que toda operación por arriba de los u$s 180.000 demanda que el escribano interviniente solicite documentación extra para cerciorarse de la transparencia de los fondos y elabore un perfil de las partes y su categorización. Esta prevención es todavía más urgente cuando involucra a una de las partes como persona políticamente expuesta, lo que exige notificar la operación. Nechevenko pasó por alto ambas circunstancias según ella misma contó luego en su entrevista con Infobae.
Tampoco prestó atención a lo inusual del monto declarado por la propiedad, muy por debajo del valor del mercado, ni realizó un reporte posterior de operación riesgosa (ROS) para dar cuenta de los puntos grises en el intercambio. Si bien no es tan frecuente que los escribanos presenten estos informes como lo hacen los bancos este se debe mayormente a que los profesionales suelen frenar los trámites ante la menor duda. No fue el caso en esta vez.
El dato más notorio es el doble cambio de manos del departamento en 2025 con apenas unos meses de diferencia, en una potencial maniobra de triangulación que se presta a sospechas. En particular por la participación de personas vinculadas el jefe de Gabinete como el hijo de una de las vendedoras que debe declarar la semana próxima ante la Justicia.
Por último, Nechevenko incurrió en incompatibilidad de funciones al acercar a los prestamistas del departamento de Parque Chacabuco y violó luego el secreto profesional al brindar los detalles de la operación ante la prensa. Frente al Consejo Directivo, Nechevenko alegó no saber que la eximición de la confidencialidad se limitaba a lo declarado bajo juramento en despacho judicial. También negó haber incurrido en cualquier otra conducta impropia.
Temprano en la mañana, el diputado Esteban Paulón había dirigido una carta a las autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad donde solicitó evaluar la actuación de la profesional. En la presentación, dirigida a la presidenta, María Magdalena Tato, el legislador expresó “preocupación” por el desempeño de Nechevenko tanto en la operatoria como en sus declaraciones posteriores ante los medios.
Según el documento, la profesional “no parece comprender que su cliente es nada más y nada menos que el Jefe de Gabinete debiendo por ello -y por Tratados Internacionales de lucha contra la corrupción- extremar y maximizar los recaudos necesarios sobre los actos puestos a su consideración”.
El planteo enfatizó en varios de los puntos señalados en los párrafos previos. “Cada una de las cuestiones como el precio y la forma de pago estipuladas contractualmente [...] operan a la inversa de lo que es un particular, siendo necesaria la justificación de cada una de las ventajas contractuales que obtiene el funcionario”, alegó el legislador socialista.
Paulón calificó de “llamativo” que en una compra por u$s 230.000 solo se haya requerido justificar una parte en efectivo y destaca la ausencia de reportes ante la Unidad de Información Financiera (UIF), pese a que la propia escribana habría reconocido cambios en la frecuencia de operaciones del funcionario en los últimos años.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio ratificaron haber otorgado un financiamiento privado por u$s 100.000 en noviembre de 2024 por el inmueble ubicado sobre la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco. Según sus testimonios, al funcionario aún le resta cancelar u$s 70.000 más intereses.
Las testigos confirmaron que el acuerdo se instrumentó bajo la modalidad de un crédito no bancario, con “cuotas mensuales vigentes” y un “vencimiento final pactado para noviembre de este año”. El financiamiento habría sido otorgado a una tasa del 11% anual, con un aporte de u$s 85.000 por parte de Molina y u$s 15.000 por Cancio. Nechevenko declaró haber sido el puente entre ambas partes.
En este marco, la Justicia busca determinar si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar el préstamo y, especialmente, establecer la trazabilidad de los fondos involucrados en la operación.
Del mismo modo, mañana, miércoles 15, están previstas las testimoniales de las otras dos acreedoras vinculadas a la operación inmobiliaria posterior sobre el departamento en la calle Miró: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. En ese caso, se trata de dos jubiladas que aceptaron hipotecar el saldo de la unidad por valor de u$s 200.000 en una presunta operación sin costo extra para el jefe de Gabinete.