Luego de los anuncios generalistas del flamante titular de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, que implicaron una devaluación, aumento de impuestos y de planes sociales, se dio a conocer el desagregado del ajuste fiscal que plantea el Gobierno para el 2024.

El detalle del cuadro que oficializó la cuenta oficial del Ministerio de Economía mostró que el fin de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas a partir de un esfuerzo 5% del Producto Bruto Interno (PBI), implicaría una combinación de reducción del gasto en un 60% y un aumento de los ingresos en el restante 40%.

Pero las consecuencias no caerían por completo en la "casta", sino que, por el contrario, se cobraría víctimas de la sociedad el camino. Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló qué sectores serían los más perjudicados, como también de cuanto sería el aumento de la presión tributaria y el impacto que ello tendrían para las arcas provincias.

Por el lado de los ingresos del Estado, la suba del impuesto PAIS de un 17,5% -por doce meses- le brindarían el mayor aporte con el 0,8% del PBI. Al cual, proyectan, se le sumara la marcha atrás de la reforma de Ganancias (0,4%), el aumento de las retenciones (0,5%) y la combinación del anticipo de Ingresos Brutos, moratoria y el blanqueo de capitales (0,5%).

Pero lo que al estado le permitiría aumentar sus recursos en 2,2 puntos porcentuales (p.p) del PBI, implicaría un crecimiento de la presión tributaria efectiva nacional en 1,7 p.p. Que solo se traduciría en una recuperación de 0,48% de los ingresos para coparticipación.

Del lado del gasto, el mayor recorte los sufriría las jubilaciones y pensiones contributivas con una baja de 0,4 p.p del PBI junto con los programas sociales que aportarían la misma cifra. Mientras que los subsidios económicos (fundamentalmente de energía y transporte) aportarían un 0,7 p.p y el funcionamiento del estado (salarios, bienes y servicios) otros 0,5 p.p.

Por el lado de los ingresos del Estado, la suba del impuesto PAIS de un 17,5% -por doce meses- le brindarían el mayor aporte con el 0,8% del PBI. Al cual, proyectan, se le sumara la marcha atrás de la reforma de Ganancias (0,4%), el aumento de las retenciones (0,5%) y la combinación del anticipo de Ingresos Brutos, moratoria y el blanqueo de capitales (0,5%).

A su vez, las transferencias corrientes a las provincias contribuirían con 0,5 p.p siendo el mayor descenso en términos relativos. Por encima del de gasto en obra pública -por su reemplazo en el sistema chileno- que descendería 0,7 p.p.

Para el caso de las jubilaciones y pensiones contributivas de concretarse sería la séptima baja consecutiva de este relevante gasto. "No hay precisiones respecto a cómo se llegaría a dicha baja del gasto, lo deseable es que no sea a partir de una mayor pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los jubilados", alertaron en el IARAF.

En forma comparativa, en 2024 el gasto bajaría un 2,6 p.p con respecto a 2017, cuando fue del 8,7% en términos del PBI. Desde 2020, dichas partidas enfrente un sendero descendente: que comenzó en 8,6%, bajo al 7,2% en 2021 y pasaría a ubicarse en torno al 6,1% el próximo año.

Según los cálculos del IARAF, bajo ese esquema, los subsidios a la energía y el transporte serían equivalente al 70% de lo ejecutado en 2023. Un porcentaje superior al que quedaría las transferencias corrientes a las provincias con el 24% y los fondos para obra pública del 60%.

"[Porque no hay] una eliminación de estos gastos en 2024, [se torna] necesario que otros gastos, entre ellos el de jubilaciones y pensiones, aporten recursos para lograr el equilibrio fiscal", destacan en el informe del instituto.