En esta noticia
La victoria legislativa del oficialismo en el Congreso Nacional que supuso la aprobación del Presupuesto 2026 no estuvo exenta de polémica, en particular por el contenido de un artículo que, ahora, es cuestionado judicialmente y amenaza con escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de un escrito presentado en el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 por Manuel Martín Gill y Martina De Rosa, ambos adolescentes que, a través de su abogado piden un amparo que frene el artículo 30 de la ley votada a fin de año por el Congreso nacional.
Manuel, de 17 años, cursa sus estudios para “Maestro mayor de Obras” en la escuela 36 Guillermo Brown y Martina, de 16, lo hace en la Escuela Técnica Raggio, ambas de la Ciudad de Buenos Aires.
En ambos casos se destaca que la trayectoria familiar de ambos está ligada, desde la educación y el trabajo de sus padres, a la educación técnica. Ambos consideran que lo votado es “inválido” desde el punto de vista constitucional, en cuanto vulnera “derechos consagrados” tanto en la Carta Magna como en tratados internacionales.
El texto judicial recuerda que el artículo 30 eliminó disposiciones relativas al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, de la Educación Técnico Profesional, “suprimiendo garantías legales vigentes y consolidadas, sin debate sustantivo y por vía presupuestaria.
De hecho, a través del Presupuesto se derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establecía un financiamiento del 6% del PBI aplicado a la materia. También sucedió lo mismo con el artículo que creaba el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
El escrito señala, además, que la educación técnica, en los dos años de gobierno libertario, ya ha tenido un recorte que alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.
Según afirman, sólo se disponen sólo 11 mil millones de pesos y no 322 mil millones, como establece el 0,2% que propone la ley de ETP.
“Está claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional, y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con Técnicos profesionales”, dijeron en un comunicado difundido por la parte.
Además de pedir la habilitación de la feria judicial para tratar el caso, los denunciantes ya se reservaron el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible.
Los argumentos
El escrito sostiene, entre otros puntos, que el Presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales que reconocen y garantizan derechos fundamentales, sino que tiene por objeto “autorizar gastos e ingresos para un ejercicio”.
“Usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”, señalaron.
Por otra parte, consideran que viola el derecho constitucional a la educación consagrado en los artículos 14 y 75, siendo el segundo de ellos el que comprende a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible. Eliminar los pisos legales de inversión implica vaciar el derecho de contenido, transformándolo en una promesa formal sin sustento material”, apuntaron.
También denunciaron que el mencionado artículo viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Esto significa que los derechos pueden ampliarse, pero no pueden ser recortados deliberadamente sin una justificación estricta, razonable y excepcional.
Con la derogación, afirman, se están “eliminando protecciones ya consolidadas”. Además, consideran que se consolida un régimen “discriminatorio” ya que “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”.
