Apenas horas después de que algunos diarios informaran sobre el incumplimiento parcial de un pago de Edesur con Cammesa, la administradora del mercado eléctrico, el Gobierno designó a un veedor en la empresa por 45 días prorrogables. Se trata de Luis Barletta, un funcionario del Enre, el ente que regula al sector. De acuerdo con ese organismo, deberá fiscalizar y controlar todos los actos de administración habitual para salvaguardar la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

La resolución justifica que la falta de pago así como la falta de voluntad en percibir el cobro de las acreencias a su favor por servicios que presta a sus usuarios, demuestra que la empresa no solo incumple con sus deudas comerciales sino que contraviene con las responsabilidades propias asumidas en el contrato de concesión y en el marco regulatorio que le es aplicable, poniendo en grave riesgo la prestación del servicio público a su cargo.

La resolución del Enre muestra a las claras la molestia que genera en el kirchnerismo que algunas situaciones tomen estado público. Nuevamente los medios periodísticos se hacen eco de un nuevo incumplimiento incurrido por Edesur S.A. ante el pago parcial de sus obligaciones frente a Cammesa, configurándose un agravamiento en la situación de deterioro empresario que incide de modo directo en la prestación del servicio público concesionado, señala el texto. Y consigna que el ENRE debe velar por una regular prestación del servicio público comprometido, debiendo actuar en forma inmediata, ante actitudes de las empresas concesionarias que afecten o puedan afectar a los usuarios y pongan en riesgo la prestación regular del servicio.

Como informó ayer El Cronista, por falta de caja Edesur pagó el martes sólo $ 12 millones de los $ 148 millones que debía desembolsar. Días antes había dejado de desembolsar más de $ 30 millones debido a un impago por parte del Gobierno de la Ciudad.

La figura del veedor implica menos poder dentro de la compañía que la del interventor. Otras empresas de servicios públicos, que dejaron de pagar sus deudas, fueron intervenidas, como TGN y Metrogas.

Hay otro dato llamativo: si bien la empresa dejó de pagarle una suma importante a Cammesa, controlada por el Gobierno, la administración de Cristina Kirchner le debe una suma aún mayor a la empresa. En el mercado hablan de unos $ 500 millones provenientes de un mecanismo de ajuste de costos que se dejó de pagar en 2008.