En esta noticia
El Gobierno consiguió un respaldo para una de las reformas que viene intentando impulsar desde hace meses: la desregulación del mercado inmobiliario.
El Tribunal de Defensa de la Competencia sancionó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) por considerar que abusó de su posición y utilizó sus facultades regulatorias para obstaculizar la actividad de corredores vinculados a redes de franquicias como RE/MAX.
La resolución impuso a CUCICBA una multa de 200.000 unidades móviles, equivalente actualmente a $ 290 millones, y le ordenó cesar las prácticas consideradas anticompetitivas. El Tribunal también le exigió aplicar de manera uniforme sus normas disciplinarias y de matriculación, sin discriminar a los corredores según el modelo de organización comercial que utilicen.
Al respecto, el secretario de Desregulación del ministerio que comanda Sturzenegger, Alejandro Cacace, celebró la medida: “El problema de fondo en el colegio es que quienes deciden quién obtiene la matrícula compiten con quienes la piden. Por eso el Tribunal le recomienda a nuestro Ministerio revisar la Ley 20.266: matrícula voluntaria, título universitario y el año de domicilio”.
Pero el dato político más relevante aparece en otro capítulo de la resolución. El organismo recomendó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, revisar la legislación nacional que regula el corretaje inmobiliario.
En particular, puso bajo análisis tres requisitos establecidos por la Ley 20.266: la matrícula obligatoria, el título universitario y la exigencia de acreditar más de un año de domicilio en la jurisdicción donde se ejerce.
Es decir: la resolución no elimina ninguno de esos requisitos. Son recomendaciones regulatorias para que el Poder Ejecutivo evalúe una eventual reforma. De hecho, el propio Tribunal dejó expresamente planteada la posibilidad de que la matrícula deje de ser obligatoria y sea reemplazada por un registro de inscripción automática, acompañado por mecanismos de garantía y protección para los consumidores.
La iniciativa oficial propone modificar de raíz el esquema vigente y convertir al corretaje en una actividad de intermediación comercial, con menos barreras de entrada. Entre sus principales ejes aparecen la eliminación de la matrícula obligatoria y del título universitario, la reducción del poder regulatorio y sancionatorio de los colegios, la eliminación de restricciones territoriales y la libertad para pactar honorarios.
El ministro viene defendiendo públicamente esa transformación. En abril sostuvo que el Gobierno buscaría avanzar contra las regulaciones que, a su criterio, encarecen las operaciones inmobiliarias y cuestionó especialmente el poder de los colegios profesionales para establecer condiciones de funcionamiento del mercado.
El problema para el oficialismo es que esa reforma todavía no consiguió convertirse en ley. El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y llegó a circular como parte de un megaproyecto de reformas que incluye cambios en distintos sectores.
Sin embargo, el capítulo inmobiliario continúa sin aprobación parlamentaria y los requisitos actuales siguen vigentes. Por ahora, el proyecto no tiene fecha de tratamiento.
Una pelea que llegó a Defensa de la Competencia
El expediente contra CUCICBA se inició en 2021 a partir de una denuncia presentada por RE/MAX Argentina y diez corredores vinculados a su sistema de franquicias. La investigación buscó determinar si el colegio había utilizado sus facultades disciplinarias, administrativas y normativas para dificultar la actividad de estos corredores.
El Tribunal consideró probado que CUCICBA había aplicado esas facultades de manera selectiva. El dato que terminó siendo uno de los principales argumentos de la resolución fue la desproporción entre la cantidad de corredores RE/MAX y las causas disciplinarias iniciadas contra ellos: representaban menos del 2% de los matriculados pero concentraron el 20% de los sumarios iniciados desde 2016.
En 2022, además, hubo 27 causas contra corredores RE/MAX frente a 12 contra el resto. Por cantidad de profesionales, la diferencia llegaba a unas 200 veces.
El organismo también cuestionó que se hubieran rechazado solicitudes de matriculación de 23 corredores RE/MAX y que al menos otros 34 hubieran tenido observaciones o rechazos en sus declaraciones juradas. Según la resolución, algunas de las exigencias utilizadas por el colegio no estaban previstas en la legislación vigente.
Para Defensa de la Competencia, el problema no es la existencia de un colegio profesional ni su potestad para controlar el ejercicio de la actividad. El punto central es qué ocurre cuando quienes tienen la facultad de decidir quién puede ingresar al mercado también compiten dentro de ese mismo mercado.
CUCICBA es un ente público no estatal que tiene a su cargo la matrícula en la Ciudad. Sus autoridades son corredores matriculados elegidos por sus pares. Para el Tribunal, esa estructura genera un potencial conflicto de intereses que exige mayores controles externos.
