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Mientras el gobierno nacional vive internas propias, desde el Ministerio de Desregulación preparan el decreto para desregular una actividad clave de la Marina Mercante: el practicaje. En este sentido, el proyecto habría sido frenado por una disputa con la Armada Argentina y podría tener novedades esta semana. ¿Qué esperan los empresarios navieros? ¿Cómo avanza el tema para Federico Sturzenegger?
Cómo ya lo contó El Cronista, el gobierno nacional aprovecha los buenos vientos legislativos, mientras el escenario social recrudece. El proyecto introduce un cambio estructural en el sistema de practicaje al eliminar el esquema cerrado vigente y reemplazarlo por un registro abierto.
Este no es el primer decreto de desregulación a dicha actividad del ya tres veces funcionario: en 2025 publicó el decreto Nº 340 para modificar el funcionamiento de la Marina Mercante. Ese quedó frenado por distintos recursos judiciales del sector.
En esta línea, el ministro de Desregulación prepara un decreto clave para modificar el sistema de practicaje. Es decir, el sistema que regula la actividad de los prácticos.
La actividad de los prácticos en la marina mercante argentina es un servicio técnico esencial para la navegación segura en aguas restringidas, como ríos, canales, accesos portuarios y zonas de maniobra compleja.
Sin embargo, si bien el decreto se esperaba para la semana pasada, una disputa interna entre el Ministerio de Defensa, y la Armada Argentina en particular, con el ministro de Desregulación mantiene el tema virtualmente frenado.
El borrador de Sturzenegger prevé el traspaso de escuelas de formación y funciones vinculadas a la representación internacional, lo que implicaría una pérdida de atribuciones y presupuesto para la fuerza naval.
Desde el ámbito marítimo advierten que el foco del conflicto no será estrictamente laboral, sino la eventual baja en los estándares de formación y calificación profesional.
Según indicaron fuentes internas, el miércoles pasado tuvo lugar una reunión clave de la cual participaron funcionarios de la Armada Argentina, la Prefectura Naval, funcionarios de Desregulación y la secretaria general de la Presidencia para aclarar los tantos. “Por ahora está frenado”, indica una voz clave a El Cronista.
Sin embargo, fuentes allegadas a Desregulación indicaron a este medio que esta semana habría novedades en cuanto a la publicación del decreto, posiblemente ya solucionado el desacuerdo con la Armada Argentina.
La demora del decreto podría haberle dado algún tiempo a las empresas de Practicaje para negociar con Sturzenegger.
“Nada cambió en la navegación argentina para decir que debería cambiar. La hidrovía no está más profunda, no hay nuevos canales”, indicó una voz vinculada al sector marítimo en diálogo con este medio.
Las empresas de practicaje mantienen el silencio mediático como parte de la estrategia ante la presión del Ejecutivo. Es sabido que de ser publicado tal cual se difundió los empresarios interpondrían recursos judiciales.
Algunas malas lenguas acusan a funcionarios de Desregulación de mantener intereses espurios para la publicación de este decreto. Fuentes calificadas acusaron y en estricto off, a funcionarios de mantener intereses personales por los cuales este decreto sería clave.
Los cambios que introduce el decreto
El Cronista accedió al proyecto de decreto introduce un cambio estructural en el sistema de practicaje y pilotaje. Bajo el nuevo texto, cualquier profesional que cumpla con los requisitos podrá inscribirse, sin cupos ni restricciones de ingreso.
De este modo, los prácticos pasarán a desempeñarse como trabajadores independientes, contratados libremente por los usuarios, lo que para Sturzenegger implica una ruptura con el modelo corporativo que rigió durante décadas.
Según advirtieron fuentes allegadas a la Armada a este medio, el objetivo final de la iniciativa es avanzar hacia un esquema en el que el servicio sea, en la práctica, optativo, especialmente para buques extranjeros.
En materia tarifaria, la iniciativa avanza hacia una desregulación con intervención limitada del Estado. Los precios del servicio serán acordados entre privados, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer tarifas máximas.
A su vez, se introduce la obligación de transparentar los valores, mediante su publicación periódica y reporte a las autoridades. En ese marco, desde el sector advierten que el impacto real no solo dependerá de la oferta y demanda, sino también de factores externos como las aseguradoras, que podrían negarse a cubrir siniestros en caso de que un buque opere sin práctico.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación del denominado “paquete obligatorio” de servicios. El práctico ya no podrá imponer la contratación de prestaciones adicionales, como el transporte, que quedará completamente liberalizado.
Esto permitirá que los armadores o usuarios contraten estos servicios con terceros o los provean por su cuenta, abriendo un segmento del negocio hasta ahora restringido.
Desde el ámbito marítimo señalan que esta desintegración de servicios forma parte de una lógica más amplia de apertura del mercado.
El texto también contempla modificaciones para la operatoria de buques extranjeros. En ese sentido, flexibiliza la exigencia de contar con práctico o baqueano en determinados casos, especialmente cuando el capitán acredite conocimiento de la zona, y habilita el uso del idioma inglés como lengua operativa.
Sin embargo, voces técnicas advierten sobre los riesgos: un capitán que ingrese a un puerto o vía navegable con baja frecuencia y sin asistencia podría enfrentar consecuencias severas ante cualquier incidente.
En línea con esa flexibilización, se prevé una revisión de los criterios que determinan cuándo el servicio de practicaje es obligatorio. El proyecto apunta a modificar parámetros como eslora, calado y zonas de navegación, con el objetivo de elevar los umbrales actuales y reducir la cantidad de buques alcanzados por la obligación. Para fuentes del sector, esto consolida la idea de un sistema cada vez menos exigente en términos de obligatoriedad.
El rediseño institucional es otro de los pilares del decreto. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación pasará a concentrar la regulación económica del sistema, mientras que la Prefectura Naval mantendrá sus competencias en materia de seguridad.