Después de poco más de un año de la publicación del decreto que endurecía la ley migratoria y permitía la expulsión exprés, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideró hoy que la decisión del Gobierno nacional es inconstitucional.

El 27 de enero de 2017, a través del decreto de necesidad y urgencia 70/2017, el Ejecutivo nacional modificó la ley Nacional de Migraciones N° 25.871, que permitía a la administración nacional acelerar los procesos de expulsión de migrantes con antecedentes penales, a la vez que imponía controles más estrictos bajo el argumento de evitar que operen y permanezcan en el país.

En un escrito de 50 páginas (que se puede leer completo al final de esta nota) y que lleva la firma de Pablo Gallegos Federiani, Jorge Federico Alemany y Guillermo F. Treacy, el tribunal consideró en el voto mayoritario que la inconstitucionalidad está relacionada tanto con el instrumento utilizado por el Poder Ejecutivo (un decreto de necesidad y urgencia y no una ley a través del Congreso) como con el fondo de la decisión, ya que no están en línea con los derechos humanos de las personas que tienen nacionalidad extranjera.

Según informó el CELS en un comunicado, "los jueces consideraron que el decreto 'no solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia'".

El organismo de Derechos Humanos detalló que la Justicia consideró que modificar la ley nacional de Migraciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia "vulneran la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa de las personas migrantes".

La causa judicial se originó en febrero de 2017 por una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Argentina para Refugiados e Migrantes y el Colectivo por la Diversidad. Como amigos del tribunal se presentaron la Asociación de Derechos Civiles (ADC), el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación.