El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundió una nueva Canasta Básica del Trabajador que fijó en $2.802.755 el ingreso mínimo necesario para “vivir dignamente” en la Argentina. La publicación llega apenas un día después de que se conociera una inflación mensual del 3,4%, dato que el propio presidente Javier Milei calificó como “malo” y que obligó al Gobierno a salir a dar explicaciones.
La iniciativa, impulsada por un espacio que reúne a más de 140 organizaciones sindicales —entre ellas ATE, UOM, aceiteros, aeronáuticos, docentes universitarios y portuarios—, se inscribe en un escenario en el que, según advierten los gremios, la mayoría de las paritarias corre por detrás del aumento de precios. En ese marco, la canasta funciona como una referencia alternativa para discutir salarios, en abierta tensión con los parámetros oficiales.
“Con Milei la destrucción de los salarios se convirtió en una política pública. Los aumentos tanto en el sector público como en el privado se han ubicado sistemáticamente por debajo de la inflación”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Y agregó: “El estudio realizado desde el FreSU nos muestra que cada vez estamos más lejos de que nuestros sueldos nos permitan vivir dignamente”.
El informe sostiene que una familia necesita hoy el equivalente a ocho salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas. Esa brecha, según el diagnóstico sindical, expone no solo el atraso del ingreso mínimo sino también el desfasaje respecto de los costos reales de vida. “Que se necesiten 8 salarios mínimos para poder vivir dignamente muestra que el Gobierno en los hechos derogó el Consejo del Salario en la Argentina”, planteó Aguiar.
La metodología del FreSU retoma, en gran medida, el enfoque histórico de la Federación Aceitera, uno de los actores más influyentes del espacio.
A diferencia de otros gremios, los aceiteros no estructuran sus reclamos en función de porcentajes sino de un cálculo concreto del salario necesario para cubrir las necesidades definidas por la Constitución Nacional. Ese criterio remite al artículo 14 bis y al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe garantizar “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Sobre esa base, el estudio del FreSU desagrega los principales componentes del gasto: alimentación ($638.088), vivienda ($549.525), educación ($247.664), vestimenta ($143.002), salud ($340.242), transporte y esparcimiento ($575.931) y previsión social ($308.303).
La suma de esos rubros arroja un valor significativamente superior al de la canasta básica total que mide el INDEC, que en marzo se ubicó en $1.434.464 para una familia tipo.
La diferencia no es menor y refleja dos concepciones distintas sobre el ingreso necesario. Mientras el organismo estadístico define la línea de pobreza en función de un umbral mínimo de consumo, el cálculo sindical incorpora una noción más amplia de bienestar, vinculada a condiciones de vida consideradas dignas. Ese contraste explica por qué los valores del FreSU duplican, en la práctica, las referencias oficiales.
El trasfondo de esta discusión es también político. El FreSU se pretende como un espacio de articulación de gremios con posiciones críticas tanto del Gobierno como de la conducción de la CGT. En los últimos meses, ese bloque impulsó medidas de fuerza, movilizaciones y documentos conjuntos contra la reforma laboral y el rumbo económico, al tiempo que presionó por una estrategia más confrontativa del sindicalismo tradicional.
En ese marco, la difusión de la canasta no aparece como un hecho aislado sino como parte de una estrategia más amplia para instalar un piso de discusión salarial y cuestionar la dinámica de negociación vigente. “Más allá del relato oficial, las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias se han deteriorado de manera grave en los últimos dos años”, sostuvo Aguiar.
El informe también incorpora datos sobre el impacto acumulado en los ingresos: los asalariados habrían perdido más de 58 billones de pesos en el actual período de gobierno, mientras que el endeudamiento de los hogares creció en 36 billones y la morosidad se multiplicó por cuatro en el último año. En promedio, cada trabajador del sector privado resignó más de $2,2 millones, mientras que en el sector público la pérdida superó los $11,9 millones.
La publicación de esta segunda canasta del FreSU coincide, además, con un proceso de reorganización interna del espacio. El frente anunció la convocatoria a un plenario nacional de delegados el próximo 1° de mayo, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un programa propio del movimiento obrero y profundizar su despliegue territorial.