Cuáles son las "cajas políticas" que al Gobierno le quedan tres meses para disolver

Faltan casi 90 días para que la Casa Rosada deje de tener las facultades delegadas que le otorgó el Congreso Nacional a través del artículo 5 de la Ley Bases, en cual le permite "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos". Estos son mecanismos por el cual reciben contribuciones para distribuirlos con una finalidad estipulada. Aunque en lo formal parecen tener un fin noble, desde el principio que el oficialismo (y otros espacios políticos) le asignan la denominación de "cajas políticas". En particular, el presidente Javier Milei ya los había definido como "cajas negras de la política", sentenciando que si los tenía a tiro de decreto los iba a eliminar. Antes de que saliera la medida, el Gobierno ya se había cerciorado de tener los justificativos correspondientes para pasar la motosierra por estas áreas. Fue a través del Decreto 215/24 que se le permitió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a que puedan auditarlos, algo que antes no estaba permitido. Un ejemplo se evidenció días atrás con la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) dispuesta en el decreto 234/25. A través de una auditoría de la SIGEN se determinaron falencias en su funcionamiento como por el "incumplimiento del Reglamento de Contrataciones; significativas demoras en la ejecución de las obras; inconsistencias en la registración de las operaciones y las transferencias efectuadas; la imposibilidad de realizar un control de trazabilidad de los fondos y estados contables no auditados ni ajustados por inflación". Ese fondo financiaba con el incremento del 0,0006% por kilovatio-hora en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, usándose para financiar obras del sistema de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país. El dinero ahora es administrado directamente por el MECON y el recargo tarifario se seguirá cobrando; debiéndose esperar que aquello sea redireccionado para las obras. Desde que se aprobó la Ley Bases, la dinámica de eliminación de fondos fiduciarios se incrementó sustancialmente. Según el último informe de Ejecución Presupuestaria de Fondos Fiduciarios del Estado Nacional, hecho por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre del 2024 se disolvieron siete en total: Hasta la publicación de este artículo (y en función de los fondos fiduciarios mencionados en aquel informe, tomados por este medio como los que el Gobierno oficializó), la administración libertaria se deshizo de otras tres cajas a través de diferentes decretos. Según informó el mismo Ministerio de Economía en su anuncio de cierre a finales de febrero, el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria registraba "un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados". "Durante el funcionamiento del Fondo se observó la existencia de una duplicación de contrataciones gestionadas por el Plan Anual de Contrataciones de la ANAC y por las canalizadas a través del Fondo Fiduciario", agregaron. En este caso, tal y como sucedió en los otros, el Gobierno no dejó atrás la forma en la cual el fondo se financiaba: a través del cobro de la tasa aeroportuaria. Este mismo sigue bajo cobro, pero ahora son las dependencias estatales las que administran ese flujo. Esto mismo sucede con la segunda caja eliminada en el año, la de Servicio Universal - Argentina Digital. Aunque acá ocurrió un caso curioso: una vez decretada esa decisión, el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, publicó una resolución aclaratoria días después vinculada a una judicialización hecha por las empresas de telecomunicaciones que financian en gran parte esa caja. Al enterarse de la disolución, algunos actores de peso en ese rubro como Telefónica le enviaron presentaciones al gobierno nacional concluyendo que por la finalización de esa caja ya no debían hacer los aportes correspondientes. Sin embargo, Ozores informó en el Boletín Oficial que aquello seguía vigente hasta que se concluya con la disolución del Contrato del Fideicomiso. La caja sigue con cobros. En un tuit publicado días atrás, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, indicó que el Gobierno ya había disuelto 22 fondos desde el comienzo de la gestión y que faltaban ocho más para finalizar con todas las ejecuciones. El Cronista pidió el listado oficial, ya que en los informes de la Secretaría de Hacienda figuran más cajas activas, pero no recibió respuesta hasta la publicación del informe. Eso sí, afirman que hay dos nuevas eliminaciones que están al caer. Aunque el rol de los funcionarios desreguladores resulta vital para la depuración de fondos fiduciarios, la autorización debe venir de parte del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, que es el área del que depende la gran mayoría de estas cajas, una gran parte a través del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), que lidera Martín Vauthier.

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A través de las facultades delegadas conseguidas por la Ley Bases, el Gobierno espera terminar de eliminar los fondos fiduciarios que muestran irregularidades. Cuáles son los que ya se apuntalaron

Julián Alvez

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