La presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó ayer contra el influyente fondo de inversión BlackRock, que tiene vínculos con el titular del holdout NML, Paul Singer, por considerar que está detrás de la quiebra solicitada por la gráfica Donnelley, y anunció que se le aplicará la Ley Antiterrorista a la imprenta, una multinacional de origen estadounidense, porque "busca alterar el orden económico".

Ratificando la estrategia político y judicial en su pelea con los fondos buitre, y luego de denunciar a Estados Unidos en el Tribunal de La Haya, el Gobierno puso como blanco de su ofensiva a BlackRock, el principal gestor mundial de fondos de inversión, con activos por u$s 3,6 billones, y que, paradójicamente, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para entregar un escrito a favor de la Argentina y en contra del fallo del juez Thomas Griesa, que ordenó el pago de la deuda a los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

En un duro discurso, a dos semanas de que el país entrara en default, la Presidenta aseguró que la AFIP denunciará a la imprenta Donnelley por alteración al orden económico y financiero, aplicando por primera vez la Ley Antiterrorista promulgada en 2011.

Donnelley presentó un pedido de quiebra el viernes pasado en el juzgado comercial 19, secretaría 37, a cargo del juez Gerardo Sandiglia, y el auto que la declaró salió este lunes. "Una quiebra express", afirmó Cristina, quien reveló que el anuncio realizado por la imprenta buscó "crear el temor" en la población.

La Presidenta vinculó a la compañía con el titular del fondo buitre NML, Paul Singer, que había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, accionista en la empresa gráfica. Cristina reveló que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, "identificó a una multinacional", de la que no quiso dar el nombre, "en la que el fondo de Singer" tenía el 7%, que transfirió a BlackRock, uno de los fondos que tienen entre el 60% y 70% de Donnelley.

Según pudo saber El Cronista, al presentarse en la justicia comercial, la AFIP solicitó que se revoque la quiebra y se deje sin efecto la misma. Además, el ente recaudador pidió citar a Donnelley a reformular su petición y que se busque una solución alternativa para conservar los 400 puestos de trabajo y garantizar la continuidad de la empresa.

En tanto, la denuncia penal que AFIP radicó en el juzgado federal número 3 por el delito de alteración del orden económico y financiero se sustenta en el artículo 309, inciso 1, apartado A del Código Penal. La misma pretende demostrar que la quiebra obedece a la intención de posicionar a tenedores de instrumentos financieros en situación de negociarlos a determinado precio, valiéndose para ello del proceso falencial.

La compañía también podría ser denunciada por el artículo 41 quinquies del Código Penal, que prevé sanciones cuando existe un delito cuyo fin es aterrorizar a la población u obligar al Estado a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Tras ello, según le dijo el titular de la UIF José Sbatella a El Cronista, para aplicar la ley antiterrorista "se deben sentar como precedentes los artículos 168 y 219 del Código Penal", el primero vinculado a una presunta extorsión, a partir del default y la amenaza de desacato de Griesa, y el segundo, relacionado con la provocación de una actitud hostil entre gobiernos.