Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, entidades empresarias y referentes del ámbito jurídico lanzó una campaña para reclamar cambios en el sistema de selección de jueces y reducir el margen de discrecionalidad en los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
El pedido apunta, en particular, a limitar el peso de la entrevista personal y garantizar que el orden de mérito obtenido por los candidatos a partir de sus antecedentes y exámenes tenga un peso determinante.
La declaración pública, titulada “Cómo se eligen los jueces: concursos justos”, sostiene que la Constitución exige que los magistrados sean idóneos, independientes y eficaces y que el Consejo debe actuar bajo criterios de publicidad, transparencia y control.
En ese marco, los firmantes cuestionan que actualmente se utilicen criterios diferentes para determinar quiénes llegan a la instancia de entrevista y que esa etapa pueda terminar modificando sustancialmente el resultado obtenido en las evaluaciones previas.
El reclamo tiene como eje una modificación concreta: que la entrevista personal tenga un máximo de 20 puntos y que su incidencia esté limitada dentro del resultado final del concurso. La propuesta no busca eliminar esa instancia sino reducir su capacidad para alterar el orden de mérito construido a partir de elementos objetivos.
La demanda coincide con una reforma que la Corte Suprema puso sobre la mesa en marzo de este año. Los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti propusieron un nuevo reglamento para la selección de magistrados que plantea un sistema de 200 puntos, de los cuales solo 20 corresponderían a la entrevista personal.
La Corte argumentó que de esa manera se puede reducir el margen de discrecionalidad y hacer más previsible el resultado de los concursos.
El proyecto de la Corte también plantea cambios en otras etapas: concursos anticipados para evitar que las vacantes queden atadas a las coyunturas políticas, un legajo digital único y auditable, una calificación de antecedentes con criterios tabulados y exámenes técnicos con instancias anónimas. La entrevista quedaría limitada a 20 puntos sobre un total de 200 y tendría pautas específicas de evaluación.
La discusión no es nueva, pero tomó especial fuerza durante este año. Uno de los casos que volvió a poner el foco sobre el mecanismo fue el concurso en el que precisamente participó Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo judicial en Santa Fe.
Según los registros difundidos públicamente, Rosatti había quedado tercero después de la etapa de antecedentes, examen e impugnaciones, pero luego de la entrevista personal pasó al primer lugar de la terna.
El caso generó cuestionamientos precisamente porque mostró hasta qué punto una entrevista puede modificar el resultado de las instancias anteriores.
Antes de esa etapa, Gonzalo Fernández encabezaba el orden de mérito con 170,75 puntos, mientras que Rosatti tenía 154,45 y ocupaba el tercer lugar. Después de las entrevistas, la Comisión de Selección propuso a Rosatti primero y a Fernández segundo.
Desde el Consejo de la Magistratura defendieron entonces el mecanismo vigente y señalaron que el concurso tiene distintas etapas y que la entrevista permite conocer aspectos que no necesariamente pueden ser medidos mediante un examen escrito o los antecedentes académicos.
Entre ellos aparecen la visión de la Justicia, la trayectoria profesional, la motivación, los planes de gestión y los valores éticos del postulante.
El problema que plantean ahora los impulsores de la campaña es otro: que esos atributos puedan ser evaluados de manera discrecional y terminen desvirtuando el mérito acumulado durante el concurso. La propia documentación del Consejo reconoce que la experiencia acumulada mostró criterios dispares en las entrevistas que podían producir alteraciones en el orden de mérito y afectar los principios de transparencia, igualdad de trato y objetividad.
De hecho, la propuesta de la Corte no elimina la entrevista. Por el contrario, la mantiene como una instancia necesaria para evaluar la idoneidad y las aptitudes personales del candidato, pero fija un máximo de 20 puntos y establece criterios específicos: hasta cinco puntos por el plan de trabajo, otros cinco por sus respuestas sobre principios generales del Derecho, valores democráticos, Constitución, derechos fundamentales, independencia judicial y ética, y hasta diez puntos por sus opiniones vinculadas con la especialidad del cargo.
La discusión, sin embargo, sigue abierta dentro del Consejo de la Magistratura. Existen distintas propuestas para modificar el régimen de concursos y no todos los sectores coinciden en cuánto debe pesar la entrevista. El debate enfrenta dos posiciones: quienes consideran que la instancia personal es indispensable para evaluar el perfil integral de un futuro juez y quienes advierten que, sin parámetros objetivos y un límite a su incidencia, puede convertirse en una herramienta capaz de “reescribir” el orden de mérito.
La campaña presentada ahora busca llevar esa discusión al terreno institucional. El documento reclama al Consejo que actúe “con urgencia” y modifique el reglamento para establecer el límite de 20 puntos sugerido por la Corte.
El respaldo es amplio y transversal. Entre las organizaciones judiciales figuran ACIJ, la Asociación por los Derechos Civiles, colegios de abogados, FORES y Será Justicia. También adhirieron entidades de la sociedad civil como CIPPEC, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y la Red de Acción Política, además de cámaras y organizaciones empresarias como AEA, IDEA, UIA, Sociedad Rural, ABA y AmCham.
También aparecen entre los firmantes juristas como Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández, además de dirigentes políticos de distintos espacios que se encolumnaron detrás de la consigna: “Más mérito, más justicia”.