El Gobierno decidió postergar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles y trasladó su impacto al mes de mayo.
La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el cronograma vigente y extiende hasta el 30 de abril el diferimiento de los aumentos pendientes, cuya aplicación efectiva pasará al 1° de mayo.
La norma introduce un cambio puntual sobre el Decreto 617/2025, que había fijado el cronograma de aumentos impositivos. En concreto, reemplaza las fechas previstas para los incrementos en los impuestos sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), correspondientes a actualizaciones acumuladas de 2024 y 2025 que aún no se trasladaron plenamente al precio final.
En términos operativos, esto implica que durante abril se mantendrá sin cambios el esquema impositivo vigente, pese a que los tributos deberían actualizarse de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Recién a partir de mayo comenzará a aplicarse ese ajuste pendiente.
El ICL y el IDC son impuestos específicos, de monto fijo por litro, lo que los diferencia de tributos ad valorem. Esto significa que, cuando su actualización se posterga, pierden peso relativo frente a la inflación y al resto de los componentes del precio, generando un atraso real del componente impositivo.
El decreto justifica la decisión en la necesidad de sostener un “sendero fiscal sostenible” y continuar estimulando la actividad económica, en un contexto de alta sensibilidad de precios. La medida se inscribe en una secuencia de diferimientos que el Ejecutivo viene aplicando desde 2024 para evitar saltos bruscos en surtidor.
Por qué la nafta sigue subiendo pese a la postergación de impuestos
La postergación del ajuste impositivo se da en un contexto de fuerte presión sobre los precios de los combustibles. Por un lado, el encarecimiento internacional del crudo, debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, elevó el componente neto del precio. Por otro, el Gobierno avanza en una recomposición gradual de los tributos.
Según datos del IARAF, la nafta súper en CABA registró en marzo de 2026 un aumento real del 21% y alcanzó valores cercanos a $ 2.000 por litro en términos reales. De ese total, alrededor de $ 1.633 corresponden al precio sin impuestos y unos $ 367 al componente tributario.
La dinámica técnica es clave: mientras el precio neto se ajusta rápidamente a la paridad internacional, los impuestos —al ser montos fijos— quedan rezagados si no se actualizan. Esto reduce su incidencia en el precio final en momentos de shock externo.
Sin embargo, esa “amortiguación” tiene un costo fiscal. El ICL y el IDC son tributos coparticipables que representan una porción relevante de la recaudación nacional, por lo que su atraso implica menores ingresos tanto para la Nación como para las provincias.
El impacto también se traslada a los hogares. Con salarios que no acompañan la suba del combustible, la capacidad de compra se deteriora: entre febrero y marzo de 2026 cayó un 17% medida en litros de nafta, reflejando la presión que ejerce el precio del combustible sobre el ingreso disponible.
En este marco, la decisión de diferir el ajuste impositivo busca moderar el impacto inmediato en surtidor, aunque deja pendiente un reacomodamiento que, de no mediar nuevas prórrogas, comenzará a reflejarse a partir de mayo.