Las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acordaron con la Secretaría de Transporte de la Nación la normalización inmediata de las frecuencias de los colectivos.
La medida fue confirmada este jueves por las compañías, luego de que el Gobierno regularizara el pago de los subsidios correspondientes al sector, destrabando parcialmente un conflicto que venía afectando la calidad del servicio.
El encuentro, que reunió a las cámaras empresarias con las nuevas autoridades del área, dejó sobre la mesa la discusión tarifaria y de rentabilidad.
Si bien las líneas de jurisdicción exclusiva de la Ciudad (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) ya tienen confirmados ajustes en sus cuadros tarifarios a partir de mayo, las cámaras señalaron que aún no recibieron precisiones sobre eventuales aumentos para las líneas de jurisdicción nacional, que son aquellas que unen la Capital Federal con el Conurbano.
La reciente reducción en las frecuencias había sido fundamentada por las empresas como una consecuencia ineludible del escenario global.
Según explicaron desde las entidades, la irrupción del conflicto bélico en Medio Oriente generó un abrupto encarecimiento del precio del gasoil a nivel internacional, provocando un desfasaje en la estructura de costos que escapaba a la voluntad de los operadores y obligó a restringir la circulación de las unidades en las calles.
Con la puesta al día de las compensaciones estatales, las compañías garantizaron la restitución de los cronogramas habituales en forma inmediata.
No obstante, las partes establecieron el compromiso de utilizar el mes de mayo para buscar una solución definitiva a esta problemática estructural, lo que implicará una revisión técnica de la estructura de costos del sistema para evitar que la volatilidad de los combustibles resienta nuevamente las prestaciones.
En paralelo a la coyuntura operativa, el Gobierno y los empresarios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en la política de asistencia estatal.
El diagnóstico compartido apunta a direccionar los subsidios de forma directa y específica hacia los sectores de la población de mayor vulnerabilidad, buscando al mismo tiempo optimizar la eficiencia del servicio a través de variables impositivas, administrativas y financieras.
Para garantizar la sustentabilidad a largo plazo, el sector privado y el Ejecutivo ratificaron la continuidad de las mesas de trabajo conjuntas. Se estableció un esquema de monitoreo semanal para evaluar el impacto de la macroeconomía y el traslado de costos, en un contexto de recursos limitados, con la premisa de blindar a los usuarios de futuros efectos indeseados y adaptar el sistema a los nuevos patrones de movilidad.
Desde Transporte también se hicieron eco de la reunión y adelantaron que se implementarán herramientas “orientadas a optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados“.
“Las partes coincidieron en la importancia de sostener este ámbito de trabajo conjunto y acordaron la realización de dos nuevas reuniones durante el mes de mayo, con participación de todas las cámaras, para continuar consolidando los avances alcanzados", concluyeron, sin dar precisiones sobre cuáles serán los ajustes tarifarios adelantados por las compañías.