El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que trabajan, junto a la reforma laboral, en una baja de las cargas patronales para desviar recursos hacia los fondos de cese.
“Nosotros desde Economía le estamos tratando de dar más potencia (a la reforma laboral) y estamos analizando los costos de agregarle otras variables además de lo que se ha escuchado. En esencia son una baja de 3 puntos a las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese obligatorio, de manera que sea más fácil para las compañías poder lidiar con un despido en términos de costo y litigiosidad. eso va a ayudar mucho a la formalidad”, explicó el ministro.
En Argentina por el salario, el empleador paga aportes y contribuciones.
El primero son retenciones que se efectúan sobre el salario destinadas al régimen de seguridad social y obras sociales. El aporte al sistema jubilatorio es el 11% del sueldo bruto, un 3% para PAMI y otro 3% al sistema de obras sociales.
Las contribuciones a la seguridad social son las obligaciones a cargo del empleador. En total son el 27% del sueldo bruto, de los cuales un 12,7% van al Sistema Integrado Previsional (SIPA), al cual pertenece ANSES. Un 1,6% va a PAMI, un 5,5% al subsistema de Asignaciones Familiares, un 1,1% al Fondo Nacional de Empleo y un 6% al régimen de obras sociales y al fondo solidario de redistribución, explicaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
A estos componentes se suma el seguro de trabajo o ART, en torno al 4%. Así, la carga tributaria total, entre los aportes del empleado y los del empleador, asciende al 44% del sueldo bruto.
En base a este dato es que observaron que Argentina en materia de aportes es el séptimo con mayor carga en comparación con países miembros de la OCDE, mientras que en contribuciones patronales se ubica en el décimo país de 39 con mayor carga tributaria.
Cabe aclarar que los aportes y contribuciones a la seguridad social explicarán en 2025 el 19% de la recaudación según IARAF.
“Es una buena iniciativa por parte del Gobierno el empezar a abordar este tema, pero creo que 3 puntos no va a ser suficiente para promover la registración de empleados. No termina de ser un gran alivio porque la carga es realmente muy grande”, explicó Pablo Mastromarino, socio de Tanoira Cassagne especializado en derecho laboral.
Juan Manuel Ottaviano, investigador de Fundar, agregó una reducción general de las contribuciones “podría aliviar a las pymes en sus costos, pero en este contexto económico no hay reducción que aguante”.
“La informalidad se concentra en un 77% en las micro empresas. Si la reducción es general y no focalizada, en verdad se trataría de una profundización de la injusticia fiscal, un subsidio a las grandes empresas donde no se concentra la informalidad”, agregó.
En Argentina hay más de 2 millones de unidades económicas, de las cuales el 79% son micro y emplean a 500.000 personas, el 15,5% son pequeñas y emplean a más de un millón de personas y el 3,9% son medianas y emplean también a más de un millón, siempre en condición de asalariado registrado. En su conjunto generan más puestos de trabajo registrado que las empresas grandes, que son el 1% de las unidades económicas y suman más de 2,2 millones de asalariados registrados, según el Censo 2020.
Otra dificultad que plantea la propuesta es la “fragilización de los fondos de seguridad social”, planteó Ottaviano,