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La presidenta del PRO Patricia Bullrich denuncia "persecución" por parte del oficialismo. La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio apunta contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y exabogado de la familia Kirchner Ricardo Nissen por su pedido de intervención judicial a la asociación civil de la exministra de Seguridad.
Esta mañana, la abogada Silvina Martínez, que forma parte de los equipos de Bullrich, presentó una denuncia contra Nissen por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Planteó que la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia persigue a entidades civiles que "presiden dirigentes opositores, utilizando el poder del Estado". La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional federal N°12
La denuncia de la abogada especialista en anticorrupción responde a la resolución dictada el 10 de abril contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que preside Bullrich.
La postura de Martínez es que el Gobierno busca "controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista, ya que la designación de Nissen en la IGJ fue, desde sus orígenes, una maniobra política que tuvo por finalidad encubrir a su excliente y actual vicepresidenta de la nación Cristina Fernández como también perseguir opositores, como Patricia Bullrich".
Asimismo, la abogada y periodista cuestiona las irregularidades que se señalan desde la IGJ. Entre ellas, desde el organismo que preside Nissen se señala que durante 2021 la entidad "aumentó sus ingresos".
En este sentido, Martínez cuestionó: "Parece que para la IGJ el aumento de los ingresos es ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Sabido es que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales. Hasta acá nada tiene de irregular".
Paralelismo con Venezuela y Nicaragua
Martínez hizo un paralelismo entre IEES y el Instituto Patria que tiene como presidenta honorífica a la Vicepresidenta. Señala que los ingresos de ambas instituciones tienen el mismo origen: charlas y seminarios.
Dicho esto, advierte: "En el caso de la entidad de Cristina Kirchner está permitido y en el caso de la entidad de Patricia Bullrich es irregular. En el caso de la entidad de Cristina Kirchner la IGJ no exige conocer la identidad de sus donantes ni aportantes o asistentes a los cursos. En el caso de la entidad de Patricia Bullrich no solo los solicita en modo imperativo, sino que los expone públicamente en una especie de escrache a aquellas personas que donaron fondos o asistieron a cursos".
Además, la abogada subraya que en la IGJ "tampoco importa en el caso de la entidad de Cristina Kirchner que sus miembros sean políticos, diputados, intendentes o candidatos a cargos públicos. Pero esto mismo es cuestionado en la entidad de Patricia Bullrich. Los seminarios que se dictan en el Instituto Patria son aprobados por el titular de la IGJ, pero son tildados de pantallas en el caso de la entidad de Patricia Bullrich o ajenos al objeto social".
Martínez acompaña la denuncia con una advertencia: "Estamos frente a una clara maniobra represiva de aquellos críticos de las medidas adoptadas por el Partido político gobernante. Basta recordar la similitud con las medidas adoptadas en Venezuela por el Gobierno de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega contra las ONG que no sean afines al Gobierno de esos dictadores".
"En año de elecciones permitir campañas de criminalización de entidades civiles por el solo hecho de estar asociadas a personas que no poseen la misma ideología que los miembros del poder ejecutivo es solo el principio. Así comenzaron los regímenes dictatoriales en la región para luego detener en forma arbitraria a aquellos críticos del gobierno", remató.
Qué dice la IGJ
La IGJ pidió la intervención judicial de la asociación civil de Bullrich e impulsó una denuncia ante la Justicia penal y electoral por presunto financiamiento ilegal de una campaña proselitista.
"La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política", sostuvo una resolución, de unas 25 páginas, firmada por Nissen. También se afirma que "bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político".
Para la IGJ, "bajo la pantalla de un seminario se ventilaban asuntos que poco o nada tenían o tienen que ver con el objeto social incluido en la norma corporativa".
La actuación sumarial sobre IEES se inició el 16 de diciembre de 2022 a raíz de una serie de artículos periodísticos que daban cuenta de las actividades de Bullrich para recaudar fondos para su postulación a la Presidencia de la Nación.
"Existe una evidente sincronización entre las acciones políticas de Patricia Bullrich, presidenta de la institución y los aportes y pagos en concepto de seminarios", destaca el documento.