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El 25 de octubre Brasil elige entre Lula y Flávio Bolsonaro. Los dos hablan de soberanía digital, aunque le dan un sentido distinto. Lula propone regular los mercados digitales, desarrollar infraestructura propia, y crear un centro de transparencia algorítmica; Flávio promete desregular para atraer inversiones y ofrecer energía barata a los centros de datos. Pero lo que se decide en Brasil no se queda en Brasil: es el mercado digital más grande de la región y su estrategia marca una referencia para todos los demás.
La soberanía digital tiene muchas caras: dónde están los datos y quién puede acceder a ellos, quién modera la conversación pública, quién controla los medios de pago, quién fija las condiciones para vender en un marketplace, de quién es la infraestructura sobre la que corre la inteligencia artificial. Detrás de cada una hay una decisión sobre quién escribe las reglas.
Brasil es, en la región, el país que más se animó a usar al Estado en ese terreno. En 2020 el Banco Central suspendió los pagos por WhatsApp meses antes de lanzar Pix. En 2024 el Supremo Tribunal Federal suspendió X durante más de un mes, cuando la empresa se quedó sin representante legal en el país. En 2025 el gobierno le exigió a Meta que explicara cómo iba a moderar contenidos tras abandonar la verificación de datos en EE.UU., el Supremo amplió la responsabilidad de las plataformas por lo que publican sus usuarios y el Congreso aprobó el ECA Digital, que obliga a verificar la edad y prohíbe explotar comercialmente datos de menores. Este año prohibió las apuestas en línea, un mercado que había llegado a 22,5 millones de apostadores. Y en plena segunda vuelta, el tribunal electoral le pidió a Meta que explique la caída de alcance que denunció la campaña de Lula.
Frentes abiertos tras las elecciones
Los mercados digitales están en juego en el balotaje del próximo domingo se pueden resumir en tres frentes.
Primero, una ley. El proyecto de mercados digitales (PL 4675/2025) crearía una superintendencia dentro del CADE, la autoridad de competencia, con poder para imponer obligaciones a las plataformas más grandes antes de que el daño ocurra, al estilo europeo, pero con diseño propio. Tiene una audiencia pública prevista para diciembre y la prensa especializada da por hecho que se votará en 2027: es decir, con el próximo gobierno.
Segundo, Washington. En pocos años Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central, cambió la forma en que pagan los brasileños. En julio, tras una investigación comercial que concluyó, entre otras cosas, que Brasil favorecía injustamente a Pix, Estados Unidos aplicó un arancel del 25 % a productos brasileños. Quién escribe las reglas de los pagos en Brasil pasó a ser también un tema de la política comercial estadounidense.
Tercero, el mercado. El día después de la primera vuelta, la acción de Mercado Libre, que también es dueña de Mercado Pago y obtiene en Brasil más de la mitad de sus ingresos, subió 8,6 %. Los inversores leyeron el resultado como más favorable a los negocios, por lo que el mercado también está poniendo precio a la pregunta sobre soberanía digital.
Tres caminos de recibir un centro de datos
El estilo de cada gobierno tiene consecuencias directas sobre su estrategia de soberanía digital, y donde mejor se ve es en los centros de datos, que llegan en un momento de alta conflictividad.
En Estados Unidos, la oposición de vecinos y gobiernos locales ya hizo cancelar en 2026 proyectos por más de u$s 260.000 millones, y cerca de un billón enfrenta resistencia sostenida. En Europa el rechazo basado en los requerimientos de agua y energía también crece, y España discute condicionar las nuevas instalaciones a energía renovable adicional. El cómputo busca dónde instalarse y América Latina aparece como destino preferente, pero no todos los países lo reciben con las mismas condiciones.
Brasil aprobó el Redata, un régimen de incentivos para centros de datos que pide contrapartidas: una parte de la capacidad para el mercado local y una inversión mínima en investigación y desarrollo. A principios de octubre el gobierno anunció además una política nacional de centros de datos.
Argentina, en cambio, se ofrece al mundo como un lugar sin regulación preventiva de la IA, con energía barata, agua disponible y poca conflictividad social. Esto, según el discurso de sus funcionarios; mientras tanto el régimen especial para centros de datos sigue trabado en el Senado y el proyecto Stargate no pasó de una carta de intención.
Uruguay tiene un tercer enfoque: en lugar de condicionar o atraer al inversor privado, invierte el propio Estado. ANTEL construye un centro de datos estatal para IA, si bien el laboratorio de IA del sector público funciona con créditos de nube de Microsoft.
Por distintos que sean, los tres caminos se topan con un problema común para la región. Un estudio de la FGV estima que en un centro de datos de IA de 100 MW cuatro de cada cinco reales se van en servidores importados, y que la operación deja apenas una fracción del empleo de la obra.
El problema no es tanto cuánta inversión llega, sino qué queda instalado: qué capacidades, qué empleo calificado y, sobre todo, quién fija las reglas de uso y qué capacidad para supervisarlas. Una nube que vende un operador local con servidores en el país puede guardar los datos acá y aun así funcionar con reglas escritas en otro lado. Europa ya lo aprendió: en 2025, el director jurídico de Microsoft Francia reconoció ante el Senado francés que no podía garantizar que datos alojados en Europa quedaran fuera del alcance de las autoridades de EE.UU. Lo que pesa no es dónde está el servidor, sino quién controla la cadena y bajo qué ley.
Qué puede hacer la región
Un triunfo de Lula probablemente signifique que Brasil siga el camino de una ley propia, y la región ganaría un modelo de referencia adecuado a nuestras economías. Si la ley propia se abandona, el piso baja para todos. En cualquiera de los dos casos, hay cosas que los países de la región pueden hacer más allá del resultado.
La soberanía digital no es cerrarse ni fabricarlo todo. Es conservar la capacidad de actuar
La primera es coordinar. Ninguna autoridad de competencia de la región puede, sola, investigar un mercado digital: les cuesta incluso a las de Europa, Estados Unidos, Australia y Japón, con muchos más recursos. Juntas, pueden compartir información, alinear criterios sobre fusiones y exigir lo mismo a las mismas empresas.
La segunda son las compras públicas. Por ejemplo, los Estados latinoamericanos están migrando sus servicios a la nube: cada contrato puede exigir portabilidad de datos y un plan de salida, sin esperar una ley.
La tercera es la infraestructura pública. Pix muestra que un sistema público puede cambiar las reglas de un mercado entero mejor que cualquier sanción.
La soberanía digital no es cerrarse ni fabricarlo todo. Es conservar la capacidad de actuar: poder desarrollar las tecnologías que un país considera críticas, o conseguirlas afuera, sin que la dependencia corra en un solo sentido. El 25 de octubre Brasil decide cuánta de esa capacidad quiere tener. Los vecinos deberíamos estar mirando.