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La Argentina tiene aproximadamente la mitad de su fuerza laboral en la informalidad. Es un dato que se repite hace décadas y que ningún gobierno logró revertir de manera sostenida. La reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados —impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuya pieza central es la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo— contiene, entre sus capítulos, un nuevo régimen de blanqueo laboral.
Se trata de un mecanismo que ofrece a los empleadores del sector privado la posibilidad de regularizar a sus trabajadores no registrados o subregistrados a cambio de una condonación parcial de las deudas acumuladas con la seguridad social y la extinción de multas e infracciones.
No es la primera vez que se intenta. La Ley Bases de 2024 ya incluyó un esquema similar, con resultados que los propios funcionarios no pueden calificar de exitosos. Eso le da al nuevo blanqueo un contexto ineludible: es una segunda oportunidad para una apuesta que, en su primera versión, no funcionó.
Qué es el blanqueo laboral y a quiénes alcanza
El blanqueo laboral —técnicamente denominado Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER)— es un programa de regularización dirigido a empleadores del sector privado que tengan trabajadores no declarados ante ARCA o que hayan declarado datos incorrectos, como una fecha de inicio del vínculo posterior a la real o una remuneración inferior a la efectivamente abonada.
La idea es simple: el Estado ofrece un perdón parcial de lo adeudado a cambio de que el empleador ponga en regla la situación de sus dependientes, con el objetivo de ampliar la base de trabajadores formales, mejorar la cobertura previsional y reducir la litigiosidad laboral. Quedan excluidos del régimen el personal de casas particulares, que cuenta con un marco normativo propio, y los empleados del sector público.
Cuánto se condona y cómo varía según el tamaño de la empresa
El porcentaje de condonación no es uniforme: el proyecto establece una escala que premia a las empresas más chicas y castiga proporcionalmente a las más grandes. Las micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) y las entidades sin fines de lucro acceden a la quita más generosa: el 90% de la deuda acumulada por falta de aportes y contribuciones a la seguridad social queda condonada.
Las medianas empresas obtienen un perdón del 80%, mientras que las grandes compañías tienen derecho a una reducción del 70%. La deuda que no queda condonada debe cancelarse, y para ello el régimen ofrece dos vías: el pago al contado, que habilita un descuento adicional del 50% sobre el saldo restante, o un plan de facilidades en cuotas, con tasas de interés vinculadas a las operaciones comerciales del Banco Nación y condiciones diferenciadas según la categoría del empleador.
Qué deudas se perdonan y cuáles no
La condonación abarca las deudas de capital e intereses por la falta de pago de aportes y contribuciones a los principales subsistemas de la seguridad social: el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el PAMI, el Régimen Nacional de Obras Sociales, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares. También se condona la deuda correspondiente al Seguro Nacional de Salud, incluyendo el Fondo Solidario de Redistribución, y las contribuciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Además, el régimen prevé la extinción de infracciones y multas vinculadas a la falta de registración y la eliminación del padrón de incumplidores (REPSAL) para quienes regularicen la totalidad de su situación. Por el contrario, no entran en el perdón las deudas provenientes de alícuotas especiales en regímenes previsionales diferenciales ni las que surgieron de procedimientos preventivos de crisis donde se detectaron irregularidades.
Además del evidente beneficio de pasar a la formalidad —con acceso a obra social, ART, aportes jubilatorios y cobro de asignaciones familiares—, el proyecto contempla que los trabajadores regularizados puedan computar hasta 60 meses (cinco años) de aportes al sistema jubilatorio, correspondientes al período en que estuvieron en negro.
Este punto fue uno de los más debatidos en la primera versión del mecanismo: varios especialistas y organizaciones de trabajadores señalaron que cinco años resultan insuficientes para quienes llevan una década o más trabajando en la informalidad, ya que el blanqueo solo reconoce una parte de su historia laboral real.
Cómo se hace el trámite
- El proceso de adhesión se realiza de manera online a través del sistema Simplificación Registral de ARCA, ingresando con clave fiscal.
- El empleador debe dar de alta a los trabajadores no registrados o corregir los datos de los vínculos existentes, y luego presentar las declaraciones juradas correspondientes mediante los sistemas Declaración en Línea o SICOSS.
- Para facilitar el proceso, ARCA pone a disposición actualizaciones de su sistema aplicativo que automatizan el cálculo del porcentaje de condonación según la categoría del empleador.