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El gobierno de Axel Kicillof quedó nuevamente bajo cuestionamiento por el avance de una obra vial en City Bell que organizaciones ambientales y vecinos consideran incompatible con la protección de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola. El foco de la denuncia está puesto sobre AUBASA, la empresa de mayoría estatal provincial responsable del proyecto de conexión entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Parque Centenario.
La controversia adquirió mayor volumen porque la intervención continúa pese a que existe una causa judicial en trámite y un pedido formal de medidas de protección ambiental. La acción se sustancia en el expediente N° 82121 ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°3 de La Plata y la UFIJ N°16, dentro de una investigación penal por presunto daño ambiental.
Para las organizaciones que vienen siguiendo el caso, la responsabilidad política recae directamente sobre la Provincia. Desde la Asamblea de la Reserva Mundial de Biosfera Pereyra Iraola sostienen que la continuidad de los trabajos bajo conducción de AUBASA agrava el riesgo de que se produzcan daños de carácter progresivo e irreversible, mientras el Ejecutivo bonaerense no disponga una suspensión efectiva.
La crítica, en ese sentido, no se limita a la existencia de la obra sino al modo en que la gestión provincial decidió sostenerla aun con cuestionamientos técnicos y judiciales abiertos.
Los cuestionamientos ambientales que complican a la Provincia
Según la documentación incorporada al expediente, los ambientalistas denuncian deficiencias estructurales en la evaluación ambiental del proyecto. Entre los principales puntos objetados mencionan que no se habrían analizado alternativas de localización ni criterios obligatorios de selección ambiental, que el estudio de impacto ambiental no contemplaría efectos acumulativos o sinérgicos y que la obra no contaría con una Declaración de Impacto Ambiental válida y vigente.
También sostienen que el proyecto vulneraría el régimen de protección de áreas naturales establecido por la Ley Provincial N° 10.907.
El problema para la administración bonaerense es que las objeciones apuntan precisamente a cuestiones que dependen del propio Estado provincial: la evaluación ambiental, los permisos, el control sobre una empresa de mayoría estatal y la decisión política de avanzar o frenar una obra en un área especialmente sensible.
La Reserva Pereyra Iraola integra el Programa MAB de UNESCO y forma parte de una red internacional de conservación de biodiversidad, desarrollo sostenible e investigación científica. El área articula pastizales, humedales y bosques nativos conectados con la Reserva Natural Punta Lara mediante corredores biológicos.
Especialistas citados por las organizaciones advierten que una intervención vial dentro de ese sistema podría provocar fragmentación del hábitat, pérdida de conectividad genética, alteraciones en los ciclos hidrológicos y un deterioro gradual de servicios ecosistémicos.
Entre esos servicios se incluyen la regulación climática del Área Metropolitana de Buenos Aires, la captura de carbono, la mitigación del efecto de isla de calor, la recarga del Acuífero Puelche y la amortiguación frente a eventos climáticos extremos.
La discusión, por lo tanto, excede el impacto puntual de una bajada de autopista. Para los grupos ambientalistas, la obra puede modificar el funcionamiento de un ecosistema que cumple una función estratégica para una región densamente poblada.
AUBASA en el centro del conflicto
El principal cuestionamiento hacia Kicillof aparece por el rol de AUBASA. Al tratarse de una compañía de mayoría estatal provincial, los denunciantes entienden que el Ejecutivo bonaerense no puede desentenderse de la continuidad de los trabajos.
Organizaciones ambientales califican la situación como una forma de “tolerancia institucional” frente a los riesgos denunciados y reclaman directamente la intervención del Poder Ejecutivo provincial. Y demandan que se pongan en pausa las obras y se disponga una revisión integral del proyecto para evaluar alternativas fuera del área protegida.
La continuidad de los trabajos mientras la causa judicial sigue abierta introduce además un costo político para la Provincia. La gestión queda expuesta a la acusación de priorizar el avance de una obra vial por encima de las advertencias ambientales y de los reclamos que ya ingresaron al ámbito judicial.
Las organizaciones advierten, además, que una eventual demora en la adopción de medidas cautelares podría volver irreversibles algunos de los impactos cuestionados. En ese escenario, la decisión vuelve a quedar en manos de la administración provincial.
Hasta que eso ocurra, la bajada de la Autopista en City Bell seguirá funcionando como un nuevo frente de cuestionamiento para la gestión bonaerense: no solo por el impacto ambiental denunciado, sino por la decisión política de mantener en marcha un proyecto sobre el que pesan objeciones técnicas, reclamos vecinales y una investigación judicial.