El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expuso hoy ante empresarios en el AmCham Summit 2026, donde defendió el rol del máximo tribunal y vinculó de manera directa la seguridad jurídica con las inversiones y la calidad institucional.
“La seguridad jurídica es lo que todos defienden pero que no todos entienden de la misma manera. Si no es para todos, no es segura, y esto termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión”, afirmó.
Durante su exposición, titulada “La institucionalidad como pilar del desarrollo”, Rosatti planteó que el crecimiento económico ya no puede analizarse únicamente en términos de variables tradicionales, sino también en función de factores como la calidad institucional y la independencia del Poder Judicial.
En ese marco, explicó que la seguridad jurídica se compone de dos dimensiones centrales. Por un lado, un componente normativo vinculado a regulaciones, desregulaciones, tipo de cambio, criterios tarifarios y política impositiva. Por otro, un componente institucional, relacionado con el funcionamiento del sistema republicano, la división de poderes y la independencia judicial.
“El Poder Judicial está presente en ambos componentes: interpreta las normas y decide sobre su constitucionalidad. Y en el vértice está la Corte Suprema”, sostuvo.
El titular del máximo tribunal también puso el foco en la alta demanda que enfrenta la Corte argentina, al compararla con su par estadounidense. “La Corte norteamericana resuelve entre 90 y 100 causas por año. La Corte argentina, 15 mil. Hay un requerimiento y una necesidad de respuesta muy superior, muchas veces vinculada a la seguridad jurídica y a las inversiones”, señaló.
En ese sentido, subrayó la importancia de contar con herramientas que fortalezcan el funcionamiento del sistema judicial y, en particular, hizo énfasis en un punto clave: el acatamiento obligatorio de los fallos de la Corte Suprema.
“El acatamiento obligatorio de las decisiones no está prohibido por la Constitución. Es lo que permite darle previsibilidad a una inversión. Entonces todos sabemos a qué atenernos: hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión”, explicó.
En el tramo más enfocado en el auditorio empresario, Rosatti advirtió que el destino de una inversión puede verse afectado por múltiples factores, incluso más allá de las grandes definiciones macroeconómicas.
“Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal o por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en caso de conflicto”, afirmó.
Y concluyó: “Este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte, y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores. Si la seguridad jurídica no es para todos, no es segura”.