En esta noticia

Máximo Kirchner prometió no interferir en las gestiones de su sucesor, Germán Martínez, que busca uno a uno los votos a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Su permanencia en Santa Cruz dejó al Congreso (por ahora) como zona liberada para que Martínez consiga apoyos. No es el estilo del santafesino, más parecido a su mentor Agustín Rossi, pero aún así hubo un compromiso mutuo y prometió no presionar a diputados y diputadas alistados en La Cámpora. Ese grupo se mantiene a la espera de una postura más clara de parte de Kirchner hijo y de la ampliación de la información que dio Sergio Massa en la reunión de jefes de bloques.

Si el kirchnerismo duro vota en contra y también lo hace el PRO (cada vez más radicalizado) el acuerdo quedaría supeditado al apoyo de dos tercios de los propios y lo que habiliten la UCR y el bloque de Elisa Carrió.

A diferencia del Frente de Todos, el macrismo sí presiona a sus socios bajo la amenaza de una explosión en el 2023 si este acuerdo se vota a favor.

El presidente Alberto Fernández, de diálogo permanente con Massa y algunos diputados, pidió no agredir a los rebeldes del oficialismo. Por eso las últimas declaraciones de los más molestos con la grieta interna, como el entrerriano Marcelo Casaretto, fueron en un sentido genérico y sin dar nombres. Todos saben sin embargo que cuando pide "responsabilidad" y "acompañamiento" para no debilitar al Gobierno el mensaje está dirigido a la organización de Kirchner.

Gestos de LA campora

Para cuidar las formas y el compromiso del jefe de La Cámpora la diputada Paula Penacca, secretaria del bloque, fue una de las participantes de la reunión de Labor Parlamentaria. En el mismo sentido sus compañeros y compañeras de la organización K dieron el presente en la Asamblea Legislativa aunque evitaron pasar por el salón donde el resto del Frente de Todos se juntó a tomar café e intercambiar impresiones después del discurso de Alberto Fernández.

A esos rebeles, que algunos siguen nombrando como "los pibes", les cayó bien que el Presidente asegurara que no habrá ni reforma laboral ni reforma jubilatoria y que reclamara que la Justicia investigue la toma de deuda y la fuga de capitales que provocó la salida del recinto de la bancada del PRO. Aún así, analizan el esquema de suba de tarifas, el hueso más duro de roer y todo el conjunto de medidas que vendrán. "No es sólo por un tema o dos", repiten sobre su resistencia a convalidar la renegociación de la deuda.

De esas tribus que conviven en el Palacio Legislativo, sólo unos pocos podrían modificar su postura en contra. Están los que votarán a favor sin dudar, los que votarán "tapándose la nariz" como definió un experimentado como José Luis Gioja y los que anticiparon su voto negativo. Todavía no hay punteo formal y faltan las conversaciones más importantes con los papeles sobre la mesa para que se definan también los que no saben o no contestan.

Incluso hay quienes hoy, después de la reunión de Macri con la dirigencia del PRO, hacen otra cuenta a pesar de estar 100% en contra: ¿Qué sucedería con el Gobierno si Juntos por el Cambio se deja contagiar por los halcones y votan todos en contra? El default espanta a dirigentes de peso como el gobernador Axel Kicillof que no ve con buenos ojos las negociaciones pero más teme a la falta de acuerdo. Mario Negri y Massa ayer mismo hablaron sobre una salida consensuada: que el proyecto tenga artículos bien definidos de modo que la oposición respalde la renegociación pero no el programa. Así el oficialismo pagaría todo el costo político y social.

el pedido de los movimientos sociales

En el kirchnerismo también permanece callado Juan Grabois. Según quienes lo frecuentan, el dirigente se autoaisló de los medios de comunicación. A diferencia de Claudio Lozano, director del Banco Nación, que hoy volvió a decir que "las deudas se pagan, las estafas no", el dirigente de Patria Grande se reservará su opinión hasta que avance la discusión parlamentaria la próxima semana.

Tres diputados que le responden anticiparon su voto en contra aunque a través del diputado Itaí Hagman transmitieron al Gobierno una propuesta, dispuestos a revisar su posición. Ese sector sugirió una ley que establezca el salario universal. De concretarse habilitaría un atajo similar al que se ofreció en el marco del debate por el aborto.

En aquel momento el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de los Mil Días para ayudar a las personas gestantes con dificultades para continuar con un embarazo. La iniciativo contuvo a los que militaban en el sector celeste y ayudó a convencer a los no convencidos.

Esta vez, en cambio, la respuesta del Gobierno sería negativa y no habilitaría una ley paralela que suavice los efectos del programa que se acuerde con el FMI. Sí podría impulsarse alguna política de compensación para morigerar el impacto del ajuste que viene. Los más memoriosos recuerdan que antes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se discutió durante siete meses. No podría sacarse una ley similar en una semana, que es el plazo urgente con el que se busca dar media sanción a la renegociación, sostienen en el oficialismo.

Los movimientos sociales, parte importante del Frente de Todos, se dividen entre los que rechazan el congelamiento de los planes y los que por el contrario acordaron con el ministro de Desarrollo Juan Zabaleta un nuevo esquema para la generación de empleo genuino. Ese péndulo también pone en vilo los votos propios en Diputados.

En el Senado, cámara donde ya se advirtió al Gobierno sobre la falta de consenso y donde pesa Cristina Fernández, rodeada de leales del cristinismo y La Cámpora, no hay permiso para emitir ninguna opinión en forma pública.