Abogados contra el divorcio express: piden al Congreso que lo rechace y preparan acciones legales

La reciente propuesta del gobierno nacional de implementar divorcios administrativos o "express", es decir sin intervención judicial, desató una fuerte reacción entre los colegios de abogados del país. En un comunicado conjunto, 21 de ellos expresaron su preocupación por los riesgos que esta medida conlleva para los derechos de los ciudadanos, y subrayaron la importancia de la intervención judicial en estos procesos.

El documento expresa las conclusiones de un reciente encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde los representantes de esos 21 colegios de abogados se reunieron para analizar los impactos de los proyectos de ley de divorcio administrativo y sucesiones notariales impulsados por el gobierno nacional, iniciativas presentadas en sintonía con la Ley Hojarasca.

Encuentro en Caba y documento

El encuentro contó con la participación de destacados referentes de la abogacía, entre las que se encontraba Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, una de las voces más críticas contra el denominado "Divorcio Express".

Según explicó a El Cronista Demarchi Arballo, este proyecto presenta un lenguaje engañoso que pretende hacer creer a la ciudadanía que los trámites serán más sencillos y económicos. Sin embargo, la realidad podría ser muy diferente.

Consecuencias: "Lo barato sale caro"

"Este proyecto del divorcio administrativo, también llamado Divorcio Express, invita a la ciudadanía a que compre estas intenciones legislativas bajo la promesa de la sencillez y del abaratamiento de costos, pero encubre que, en definitiva, no va a tratarse de algo más accesible y más barato", afirmó. Según Demarchi Arballo, el proceso de disolución de una sociedad conyugal no puede compararse con su inicio, ya que la disolución implica consecuencias  que no existían al momento de la unión.

Un aspecto que destacó fue la situación habitacional de las parejas que deciden divorciarse. "La mayoría de las familias en Argentina, aun cuando sean una familia de dos personas sin hijos, están alquilando una vivienda. ¿Qué pasa con ese alquiler? ¿Quién sigue pagándolo? ¿Quién se queda en esa casa alquilada?", cuestionó. Este es solo uno de los múltiples aspectos que, según Demarchi Arballo, el proyecto no contempla adecuadamente.

Otro punto central es la falta de formación de la Administración Pública para manejar situaciones complejas y sensibles. "La Administración Pública, por una cuestión sencilla de falta de formación, no me informará que a partir de ahí empieza a correr un término legal para cualquier reclamo que quisiera hacer yo. Si no lo reclamo en la justicia, vence, prescribe, lo cual quiere decir que ya no tengo más posibilidades de reclamarlo", explicó ante este diario. Además, enfatizó que en casos donde uno de los cónyuges esté amedrentado o bajo amenaza, la administración no tiene la capacidad de detectar y manejar estos casos de manera adecuada.

La vulnerabilidad de los derechos de los hijos menores y personas dependientes también fue un tema abordado. "La Administración Pública no tiene la formación necesaria para informar a los cónyuges sobre qué va a pasar con el cuidado de personas con discapacidad o hijos menores. Tampoco se contempla la necesidad de compensación económica en relación a ese divorcio", argumentó.

Demarchi Arballo y los colegios de abogados subrayan que "lo barato sale caro". Un divorcio sin intervención judicial, afirman, no solo pone en riesgo los derechos individuales, sino que también puede perpetuar situaciones de injusticia y desigualdad. "Un divorcio sin justicia es desgarrar y pulverizar los derechos de los ciudadanos o arriesgarse a una gran vulneración de estos derechos", concluyó Demarchi Arballo.

La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María recordó que estudios estadísticos realizados por los poderes judiciales de distintas provincias demuestran que los divorcios no demoran más de un mes y medio cuando no hay mayor complejidad. Por lo tanto, el argumento de ahorrar tiempo no justifica esta reforma. La campaña de denuncia contra este decreto busca proteger a la ciudadanía y garantizar que los procesos de divorcio sean justos y equitativos para todos.

Qué harán los abogados

Demarchi Arballo explicó que, además de la exhortación a los legisladores para que rechacen esta medida, se están evaluando todas las opciones legales disponibles. "Si este proyecto se transforma en ley, claro que los colegios siempre hemos recurrido y recurriremos nuevamente a todos los medios necesarios para proteger los derechos de la ciudadanía", afirmó. Esto incluye la posibilidad de emprender acciones judiciales para impugnar la ley y garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados.

Respecto a la representatividad de los colegios de abogados que emitieron el documento, Demarchi Arballo explicó que si bien algunos colegios, como los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, no estuvieron presentes en la primera convocatoria, esto no significa que no compartan las preocupaciones expresadas. "Muchos colegios de provincia de Buenos Aires estaban afectados a una actividad en Mar del Plata, se priorizó por ahora y por esta primera convocatoria la presencia de aquellos presidentes a los que le cuesta más llegar", explicó.

"Esta es la primera de muchas acciones que va a hacer la colegiación de ahora en más", afirmó. Y concluyó: "Todos los colegios de la República se han manifestado en contra del proyecto y han reiterado su compromiso de proteger los derechos de los ciudadanos".

Divorcios express: qué dice el proyecto del Gobierno

Según un documento oficial, el proyecto de divorcio express propone implementar un divorcio simplificado con "mayor libertad y menos oneroso, al permitir a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, rápida y económica".

"Esto se debe a que los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad. Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento innecesario del número de causas en el sistema judicial, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes", sostiene el Gobierno.

Además, agrega que la iniciativa que se impulsa otorga "mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida. El matrimonio se contrae para emprender un proyecto de vida en común. Las personas celebran libremente este acto jurídico con un simple acuerdo de voluntades ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, más los testigos que la ley prescribe, por lo que, de la misma manera, ese proyecto de vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida".

Más reformas

El divorcio express forma parte de un proyecto más vasto con el que el Gobierno aspira a "simplificar los trámites judiciales y acelerar procedimientos clave, como el retiro de fondos de depósitos judiciales por orden judicial, la publicación de edictos, y la digitalización de gestiones", explicaron fuentes oficiales. Estas modificaciones también buscan optimizar el funcionamiento del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, promoviendo una "mayor eficiencia en su manejo". Según lo informado, esta propuesta es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Entre los principales objetivos de la reforma está "aliviar la carga sobre el sistema judicial" y fomentar la competencia y libertad de los depósitos judiciales. Asimismo, se busca establecer mecanismos más eficaces para la custodia y disposición de bienes incautados en causas penales, lo que podría mejorar significativamente la celeridad en estos procedimientos. Las modificaciones incluyen la actualización de diversas normativas que datan de principios del siglo XX y que actualmente resultan obsoletas.

En ese sentido, se proponen cambios en la Ley 9667, promulgada en 1915, que hasta ahora "establecía procedimientos lentos y burocráticos". Las reformas incluyen la derogación del impuesto que imponía el artículo 6 de dicha ley para cada giro expedido, así como la adecuación del artículo 5 al Código Civil y Comercial.

Por otro lado, se digitalizará el Registro de Juicios Universales, lo que "permitirá mayor agilidad, transparencia y ahorro de recursos", según señalaron fuentes oficiales. En cuanto a los archivos judiciales de la Capital Federal, que aún operan bajo un decreto de 1963, también se implementarán mejoras que incluyen la digitalización de varios documentos y trámites. Esta iniciativa tiene como fin modernizar el funcionamiento interno de la Justicia, eliminando trámites innecesarios y adecuando las normativas vigentes al Código Civil y Comercial actual.