A una semana de que el Gobierno retirara las acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal, la oposición impulsó medidas legislativas para garantizar el acceso de la prensa a las sedes de los tres poderes del Estado, mientras avanzan presentaciones judiciales de medios afectados y aún no hay fecha definida para el levantamiento de la restricción.
Por un lado, este jueves los diputados que integran la comisión de Libertad Expresión, presidida por el libertario Guillermo Montenegro, se reunieron extraoficialmente -es decir, sin convocatoria del titular- e invitaron a un puñado de periodistas para exponer sobre la situación que atraviesa el sector frente al cierre de la Sala y los insultos atribuidos por el jefe de Estado.
Entre los que participaron se encontraban periodistas acreditados de la Casa Rosada. La reunión fue trasmitida a través de un link oculto, al no tratarse de una reunión formal de la comisión. La única forma de “autoconvocarla”, es decir, hacerlo sin el aval de su titular, es votando un emplazamiento en el pleno, lo cual no sucedió.
Los que impulsaron el encuentro fueron los diputados Nicolás Trotta (Fuerza Patria), vicepresidente primero; y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), vicepresidente segunda de la comisión. También firmaron la nota los legisladores Germán Martínez, Mónica Frade, Julieta Campo, Diego Giuliano, Esteban Paulón, Raúl Hadad, Romina Del Plá, Juan Marino, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Sabrina Selva y Hugo Yasky.
Estuvieron ausentes, además de los diputados de La Libertad Avanza, también los de la UCR y el PRO.
Como antesala del encuentro, el mandatario le había gritado en los pasillos del Congreso a los periodistas que le preguntaron por el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe de gestión. Al salir de la oficina de la Presidencia, rumbo al recinto, acusó a los cronistas de “corruptos” y luego les gritó “chorros” al retirarse del Congreso.
Por otra parte, la senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, titular de la misma comisión pero en la Cámara alta, se distanció de su par en Diputados y presentó un proyecto para darle fuerza de ley a la creación de la Sala de Prensa “Institucional” en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En cada caso, según el proyecto, la sala deberá estar ubicada en sus respectivas sedes: la Casa de Gobierno, el Palacio del Congreso y el edifico de la Corte Suprema.
“Queda expresamente prohibida la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones periodísticas. Toda restricción de acceso deberá ser individual, motivada, documentada y revisable judicialmente", agrega el texto presentado y firmado por la senadora jujeña y sus compañeros de bloque Guillermo Andrada, senador por Catamarca, y Sandra Mendoza, senadora por Tucumán.
Los tres legisladores representan los intereses de los gobernadores del peronismo aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.
“La existencia de un espacio físico permanente para el ejercicio del periodismo en las principales sedes de los tres poderes es un requisito indispensable para la democracia“, señalaron entre los argumentos del proyecto, amparados en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el derecho al acceso a la información pública.
La decisión del Gobierno de Milei, que no tiene precedentes en la historia argentina, fue justificada esta vez por el presunto “espionaje ilegal” que realizó TN con una grabación que filmó el periodista acreditado con anteojos META por los pasillos de Balcarce 50, sin una autorización formal de la Presidencia. Si bien se trataban de lugares de libre circulación, el medio lo exhibió como clandestino.
Al día siguiente de la transmisión de dicho video en el programa, al periodista se le revocó la acreditación y, a los tres días, la medida se extendió a los demás medios. “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue la comunicación informal que recibieron los periodistas el jueves 23 de abril, horas antes de que el magnate Peter Thiel se reuniera con el jefe de Estado.
Ningún medio fue notificado formalmente de esta medida, al día de hoy. Las fuentes detallaron que con la quita de la huella también quedaron sin efecto las prórrogas a las acreditaciones del año 2025, que habían sido efectuadas y aceptadas por la secretaría de Comunicación semanas antes.
Según pudo saber El Cronista de los funcionarios a cargo de gestionar esta decisión, todavía no hay una fecha en el horizonte para levantar la medida y, una de las razones que deslizaron, es que la Casa Militar se encontraba realizando una inspección de la Casa Rosada.
Una fecha tentativa que se especuló para que devuelvan las acreditaciones era este jueves, después del informe de gestión. No obstante, no hubo finalmente novedades y los funcionarios dieron de baja la posibilidad de una nueva reunión. Algunos periodistas acreditados volvieron a sacarse una foto en frente de la Casa Rosada para renovar el reclamo, a una semana.
En el medio, avanzaron presentaciones judiciales de distintos medios. Uno de los implicados es TN, aunque por una causa penal que promovió la Casa Militar y que recayó en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py, el magistrado que también tiene en sus manos las causas judiciales por el patrimonio de Manuel Adorni.
La presentación señala que los hechos se caracterizan como delito contra la seguridad de la Nación, penado en el artículo 222 del Código Penal con reclusión o prisión de 1 a seis años al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”.
Por otra parte, avanzaron presentaciones de parte de los medios afectados como Ámbito Financiero y FM La Patriada, que además la presentó en conjunto con el gremio SiPreBA y la cooperativa Tiempo Argentino.
Con todo este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro también resaltó que durante el último año (del 2025 al 2026) la Argentina bajó 11 puntos en el ranking de libertad de prensa, según el informe de Reporteros sin Fronteras, la organización sin fines de lucro con estatus consultivo ante la ONU, UNESCO y el Consejo de Europa.