Tarifas: en tres meses definen el aumento, con la mira puesta en el FMI

El Gobierno avanza en la revisión de las tarifas, que subirán entre marzo y abril. Guzmán procura reducir los subsidios para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno resolvió empezar la renegociación de las tarifas vigentes, para llegar a marzo de 2021 con un esquema definido para salir del descongelamiento y aplicar aumentos segmentados dentro de no más de 90 días.

La tarea quedará en manos de dos funcionarios cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y tendrá una especial atención del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Tanto el súper ministro como su secretario de Energía, Darío Martínez, se comprometieron a mantener estables los subsidios como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) para que cierren los números fiscales y poder acordar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional.

Las tarifas de luz están congeladas desde marzo de 2019 y las de gas natural, desde abril de ese año.

Las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural en todo el país (TGN, TGS, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras), de transporte de energía eléctrica (Transener y otras) y de distribución de electricidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano (Edenor y Edesur) argumentan que la inflación acumulada en estos 20 meses superó el 90%.

Mientras tanto, las empresas continuaron con inversiones. Edesur, por caso, inauguró junto a Martínez una subestación eléctrica en Glew, que le demandó u$s 80 millones y permitirá mejorar el servicio y evitar cortes de luz.

Como dentro de la factura final que recibe cada usuario alrededor de un 40% (sin contar los impuestos) corresponde al segmento regulado, trasladar la inflación supondría aumentos finales del 30% al 35%.

Sin embargo, esto no sucederá. Martínez cree que hay un 15% de usuarios que pueden pagar una tarifa plena, con tarifas que superarán esos porcentajes; un 45% de clase media que debería ver subas en línea con la inflación proyectada para 2021 (29%); y un 40% de la sociedad dentro del grupo más vulnerable, que tendrá que acceder a una tarifa social.

A pesar de esto, lo más relevante para el Estado es manejar delicadamente el tema de los subsidios, que están relacionados con el segmento mayorista de las boletas: el costo del gas en boca de pozo, que reciben las petroleras (YPF, PAE, Total Austral, Pampa Energía, Tecpetrol, Wintershall Dea, Vista Oil & Gas); y el costo monómico de la energía eléctrica, que perciben las generadoras (YPF Luz, Pampa Energía, Enel, Central Puerto, Albanesi, Genneia).

En gas, el Estado se haría cargo de la diferencia entre los u$s 3,50 por millón de BTU que cobrarán las productoras y los u$s 2,30 que pagan los usuarios. Esto tendrá un costo fiscal de aproximadamente unos u$s 1400 millones en el 2021.

En energía eléctrica, aún no está claro cómo se definirán los precios estacionales. Los usuarios abonan hoy menos de la mitad de lo que cuesta generar la electricidad.

El Presupuesto 2021 establece que habrá fondos por $ 805.855 millones para sostener los subsidios energéticos, que representarán cerca de 1,7% del PBI.

La competencia para revisar las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución corresponde al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), cuya interventora es María Soledad Manín; y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), cuyo interventor es Federico Bernal.

El Gobierno extendió las intervenciones de estos organismos por un año o hasta que finalice la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

En diálogo con El Cronista, el interventor del Enargas planteó: "Estamos trabajando con el secretario de Energía, Darío Martínez, para resolver qué actualización tendrá la tarifa de transición, que estará vigente a partir de marzo y hasta que culmine la renegociación con la elaboración de una nueva RTI, la cual aprobará nuevas tarifas para el quinquenio correspondiente".

Bernal sostuvo que "si las tarifas de (el ex presidente, Mauricio) Macri cobraran vigencia, desde octubre el salto de la factura en un hogar -consumo promedio- hubiera sido del 86%; para una PyME, del 85%".

"En abril del año que viene, y asumiendo que se siguiera pagando lo mismo que ahora, un hogar vería incrementada su factura en un 128%. O sea, más que duplicaría lo que paga ahora", dijo.

Para el funcionario, "este 'ahorro', que se da hasta que culmine el mantenimiento tarifario se inscribe en un objetivo fundamental de la Ley 27.541: lograr una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020; este objetivo se logró e incluso esa es la tendencia para 2021, conforme surge del decreto".

Bernal también contó a este diario que propuso a Martínez y a Guzmán una "asistencia extraordinaria para las distribuidoras".

"Y no solo para las empresas, sino también para las entidades de bien público, y pequeñas y medianas empresas y comercios (categorías P1 y P2). Para estos usuarios, propuse condonar sus deudas generadas durante la pandemia", añadió.

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