En agosto pasado, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei recurrió a la noción de mercados repugnantes. La expresión remite al trabajo de Alvin Roth, Premio Nobel de Economía en 2012, quien estudió situaciones en las cuales determinadas transacciones generan un rechazo social tan fuerte que terminan siendo restringidas o directamente prohibidas.
Uno de los ejemplos más conocidos es el de los trasplantes de riñón. Comprar y vender órganos resulta inaceptable para la mayoría de las sociedades. Roth contribuyó al desarrollo de mecanismos de intercambio entre donantes y receptores incompatibles que permitieron realizar trasplantes sin recurrir a aquello que la sociedad considera repugnante.
Por supuesto, la educación no constituye un mercado repugnante en el sentido de Roth. Pero su idea permite plantear una pregunta distinta: ¿puede el rechazo que despierta un mecanismo impedirnos ver el problema que intenta resolver?
Pensemos en una familia de altos ingresos que no está conforme con la escuela de sus hijos. Puede elegir otra, pagar una institución privada, afrontar el transporte o incluso mudarse. Nada de ello parece resultar objetable. Su ingreso le permite elegir.
Ahora pensemos en una familia pobre. Puede estar igualmente preocupada por la educación de sus hijos. Puede considerar que otra escuela respondería mejor a sus necesidades. Pero no puede pagarla.
Supongamos entonces que el Estado le otorga un voucher que le permite hacerlo. Allí la discusión cambia. Una decisión que parecía natural cuando una familia la financiaba con sus propios recursos comienza a ser presentada como mercantilización de la educación, privatización o introducción del mercado en un ámbito en el cual no debería estar.
¿Qué cambió?
No cambió el deseo de los padres de elegir. Tampoco apareció el dinero en la educación. El dinero ya estaba allí. Era precisamente el dinero el que permitía a una familia elegir y se lo impedía a la otra. Lo que cambió fue quién podía ejercer esa posibilidad.
Es allí donde la noción de repugnancia vuelve a ser útil, aunque en un sentido muy distinto del estudiado por Roth. No porque un voucher constituya una transacción repugnante, sino porque ciertas palabras —voucher, subsidio a la demanda— parecen provocar un rechazo que muchas veces antecede a la discusión sobre el problema que se intenta resolver.
De ello no se desprende que cualquier programa de vouchers sea conveniente. Pero si aceptamos que una familia elija porque puede pagar, cuesta entender por qué debería resultar objetable que otra pueda hacerlo gracias a recursos públicos. En ambos casos, los padres procuran aquello que consideran mejor para sus hijos.
Quizás por eso valga la pena volver a Roth. Frente a aquello que genera rechazo, conviene preguntarse qué es exactamente lo que rechazamos.
¿Que una familia elija escuela? Eso ya sucede todos los días. ¿Que el dinero influya en esa elección? También.
Entonces queda la pregunta: ¿qué nos resulta tan objetable de un voucher cuando permite que una familia pobre acceda a una posibilidad de elección que una familia de mayores ingresos ya posee?