La ley ómnibus enviada el miércoles al Congreso parece más un programa de gobierno que una norma que busca justificar cambios excepcionales a partir de un estado de emergencia. Es tan abarcativa y compleja en alguna de sus partes que ilusionarse con su sanción durante el período (incluso ampliado) de sesiones extraordinarias traduce un optimismo notable.
El proyecto se basa en dos de las convicciones más firmes que ostenta el nuevo Presidente. La primera es que el shock es mejor herramienta de gestión que el avance paso a paso. La segunda es que la plataforma libertaria es indivisible, es un paquete que funciona cuando todas sus partes se conectan, o no funciona. Por eso el texto fue pensado, además, como una suerte de inventario de todos los compromisos volcados en la campaña. Milei buscará hacer palanca en el 56% que logró en el balotaje, y empujar con esa fuerza a todos los que se opongan a sus propuestas, sean dirigentes políticos, sindicales, empresarios o gente común.
La estrategia por ahora parece voluntarista. Resulta difícil pensar que una ley de más de 600 páginas, que incluye desde medidas fiscales como la suba de las retenciones, a cambios profundos de paradigma como los planteados en el sector de los hidrocarburos o en la industria de la pesca, pueda ser apoyada en general en el recinto y librada a su suerte en la votación en particular. Muchos se preguntan si era conveniente mezclar reformas complejas como la judicial o la reorganización del sector público, con medidas que impactan en la comunidad artística, como la desaparición del Fondo Nacional de las Artes, por mencionar solo una.
Los empresarios salieron a respaldar el DNU de la semana pasada, porque tenía contenidos más transversales y de interés más genérico, como los cambios en la legislación laboral. Es menos probable que esa circunstancia se repita con la ley ómnibus.
El Gobierno va a tener que lidiar con los grises, con medidas prometidas pero no vigentes, como el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones. El DNU, en la visión de la Casa Rosada, regirá desde el sábado, fecha que le permite cobijarse debajo de la feria judicial. Las impugnaciones no se resolverán hasta febrero. Y mientras tanto, sus disposiciones empezarán a estar vigentes.
Con la CGT que ya convocó a un paro y un Congreso que asoma como terreno pantanoso, sigue la incertidumbre sobre que está dispuesto a negociar Milei. No hay que olvidar que asumió dándole la espalda al Poder Legislativo. La política medita mientras tanto qué precio "desregulado" le pondrá a este paquete.