Frente a la sucesión de fallos contra el Estado argentino que viene dictando la jueza neoyorquina Loretta Preska por la expropiación de YPF, el Gobierno tuvo enfrente dos caminos: uno político y otro legal y financiero. La última reacción del presidente Javier Milei, que ayer volvió a cargar contra Axel Kicillof por haber sido el brazo ejecutor de esa ruinosa decisión, por ahora muestra mayor vocación por maximizar la primera vía, entendible si se lo mira desde lo electoral.
Más allá de eso, sería razonable que el Poder Ejecutivo diseñe una estrategia más consistente que la mera apelación. Ganar tiempo es una opción válida, pero no va a resolver el problema. Y si la administración Milei pretende que YPF lidere un proceso virtuoso de exportación de gas y petróleo, debería sacarle de encima el riesgo de que un día sus acciones pasen a manos de un dueño desconocido.
Desde que se hizo cargo de este pleito, la jugada defensiva más fuerte que hizo el Gobierno fue conseguir el respaldo jurídico de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló, ante la Justicia de Nueva York, que acceder al reclamo de Burford Capital y entregarle las acciones de YPF como parte de pago violaba la "inmunidad soberana" de la Argentina. Nota al pie: el escrito fue presentado por la administración Biden. La jueza lo desestimó y ayer resolvió que el Estado entregue el 51% de las acciones de la petrolera.
En el mundo legal se menciona que las presentaciones desplegadas hasta ahora por la Procuración del Tesoro (responsable de instrumentar la defensa) han sido deficientes. Corre ya el plazo de 15 días para apelar, y aunque argumentos no faltan, es probable que a losinversoresque ayer castigaron el precio de la acción, los tranquilice visibilizar una jugada que demuestre un compromiso más firme. YPF no es parte del juicio, pero sin duda es su principal víctima.
El resarcimiento que aprobó Preska es de u$s 16.000 millones más intereses. Para tener una dimensión, YPF vale hoy cerca de u$s 20.000 millones. Burford Capital, un estudio legal británico especializado en este tipo de reclamos, no quiere entrar a la industria petrolera. Y entiende -en silencio- que el fallo Preska tampoco es 100% efectivo. El Estado no puede entregar el 51% de las acciones (para no mencionar que 25% son de las provincias), sin la aprobación del Congreso, porque así lo dispuso la misma ley de expropiación.
Y si lo hiciera, como nuevo controlante Burford debería ofrecer comprar las acciones que están en el mercado, ya que de no hacerlo violaría el estatuto de la empresa, que fue lo que hizo Kicillof en 2012 y dio origen al juicio. Hasta ahora ninguna apelación (esta será la tercera) dio resultado y no hay certeza de que la Corte de EE.UU, el último recurso legal que tiene la Argentina antes de pagar, acepte el caso.
El taxi de intereses no es barato: u$s 2,5 millones diarios. El Gobierno todavía tiene tiempo, por no tiene garantías de que la Justicia en algún momento apague el reloj. A Milei le vendría bien asignar un responsable de mayor nivel técnico y político que se haga cargo de listar las opciones y medir los costos y riesgos de cada una. De un lado hay abogados que solo esperan negociar un bono. Del otro, la riqueza de Vaca Muerta.
