La Corte Suprema de Estados Unidos denegó la apelación de la Argentina y confirmó la sentencia que obliga al país a pagar unos u$s 1.500 millones a NML Capital y otros holdouts por sus bonos en default. La Corte, a contramano de la expectativa del Gobierno de Cristina Kirchner e incluso del de Barack Obama, tomó la peor decisión posible para el país. En estos momentos, el equipo económico de Axel Kicillof define cómo reaccionar ante la derrota judicial definitiva en el llamado "juicio del siglo".

El juicio tiene tantas implicancias en el sistema financiero global que los apoyos a Argentina llegaron desde el Gobierno de Estados Unidos, el de Francia, el FMI y parlamentarios británicos, entre otros. De nada sirve ahora ese consuelo.

Los entendidos dicen que la Corte Suprema de ese país no suele tratar temas contractuales, que se dirimen en los tribunales estatales. La expectativa argentina pasaba por la interpretación de una ley federal, como la Ley de Inmunidad Soberana. La Corte no lo tuvo en cuenta.

Lo urgente para el Gobierno ahora es salvar el pago de deuda del 30 de junio, cuando vencen intereses del bono Discount y otros. Esos pagos estarán embargados por la orden del juez Thomas Griesa. Sin embargo, pueden ponerse a salvo.

Una opción es pedir a la Corte Suprema un rehearing o reconsideración del caso. Suele rechazarse, pero servirá para ganar semanas.

La segunda opción es pedirle tiempo a Griesa, que ahora debe reactivar la orden de pago. Para eso, Kicillof debe demostrar voluntad de negociación. En público, el ministro insistió hasta hace días en que la única oferta disponible para los holdouts es el ingreso al canje. Pero las negociaciones entre las partes existen, y Griesa lo sabe. Por eso, el Ejecutivo puede pedir tiempo para elaborar una oferta, que puede incluir el pago de la sentencia con bonos en vez de efectivo, por caso.

Si nada de esto funciona, o si la decisión política prima sobre la económica, Argentina apelará al último plan: cambiar la sede de pago de Nueva York a Buenos Aires.

Cambiar la sede de pago es muy complejo, admitieron en el Gobierno, porque el país no sabe quiénes son sus acreedores y debería involucrar en la maniobra al Bank of New York y el agente de clearing DTC, que, si colaboran, podrían incurrir en desacato con Griesa. Pero sería una señal para demostrar voluntad de pago con quienes ingresaron al canje en sus dos ediciones, hasta totalizar el 92% del universo de acreedores privados.

La última opción, que había recomendado en un paper el estudio de abogados que representa al país, Cleary & Gottlieb, es declarar toda la deuda en default y renegociar con el 100% de los bonistas, holdouts incluidos. Esta alternativa parece haber sido descartada de plano por el Ejecutivo, que se precia de haber pagado cada peso de deuda reestructurada y celebra cada desembolso, como ocurrió con el Boden 2012, en agosto de ese año, como una victoria.