Febrero se prepara para alto voltaje político en el Congreso. El Presidente finalmente decidió incluir en el segundo decreto de extraordinarias a la Reforma Laboral, el Acuerdo Mercosur-UE y la modificación de la Ley de Glaciares. Todos temas que el Gobierno hoy considera fundacionales y para los que Javier Milei no piensa esperar a los tiempos convencionales.
Es algo así como un test de gobernabilidad temprana. Habrá que ver si el oficialismo logra transformar esa agenda en hechos legislativos o si queda atrapado en la retórica.
La reforma laboral es el corazón de la agenda y, al mismo tiempo, el punto de mayor tensión política y social. El Gobierno la presenta como una herramienta indispensable para modernizar el mercado de trabajo, reducir la informalidad y estimular la inversión. Sin embargo, los sindicatos la perciben como una amenaza directa a su poder de negociación y a lo que consideran derechos conquistados durante décadas.
La discusión no se limita a cláusulas técnicas: es una batalla por el modelo de relaciones laborales de la Argentina. La CGT y las CTA ya anticiparon movilizaciones y advertencias de paro, sea cual fuere el resultado en el Congreso. Esta semana Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, le dijo a esta periodista que si en el Congreso rechazan la reforma ,“les metemos un paro igual”. Mientras tanto, las organizaciones sociales se suman con su propia agenda de reclamos y el Congreso se convierte en un campo de disputa donde cada artículo de la ley puede ser el detonante de un conflicto aún mayor.
A todo esto la oposición dialoguista enfrenta un dilema estratégico. Por un lado, reconoce la necesidad de actualizar normas laborales que quedaron ancladas a otra época. Por otro, teme quedar asociada a un ajuste que puede tener costos sociales inmediatos. Los gobernadores, especialmente aquellos con fuerte presencia sindical en sus provincias, presionan para moderar el proyecto.
El oficialismo, sin mayoría propia, necesita negociar cada voto y eso abre la puerta a un escenario de concesiones que podrían desnaturalizar la iniciativa original. La tensión es evidente: si Milei logra aprobar aunque sea una versión parcial de la reforma, todo será ganancia. Se mostrará capaz de imponer agenda. Si fracasa, la narrativa exitista puede perder fuerza y la oposición encontrará un terreno fértil para cuestionar su capacidad de gestión.
La ratificación del tratado Mercosur–UE es otro movimiento estratégico. El Gobierno lo presenta como una oportunidad histórica: apertura de mercados, integración global y ruptura con el proteccionismo. Los industriales, sin embargo, advierten riesgos: competencia desigual, pérdida de empleo e impacto en sectores sensibles.
Los gobernadores miran el impacto regional y presionan para frenar o condicionar el acuerdo. El dilema que plantean es si conviene avanzar rápido y mostrar audacia internacional, o negociar más tiempo para evitar fracturas internas. En este punto, el oficialismo busca mostrar que la Argentina puede ser protagonista en el escenario global, pero corre el riesgo de que la política doméstica le impida capitalizar ese logro.
De todos modos aún está por verse qué pasará con ese debate. Si bien el tema está en el decreto del Presidente, su entrada en vigor está en suspenso porque el Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE para verificar su legalidad respecto de los tratados europeos.
Mientras tanto, los países del Mercosur en principio, mantienen su respaldo, confían que el tema obedece a internas domésticas y avanzan hacia la ratificación en sus respectivos Legislativos. Se sabrá en pocas semanas si en nuestro país la discusión se salda rápido y llega a buen puerto.
La modificación de la Ley de Glaciares abre un frente inesperado. El Gobierno busca redefinir criterios técnicos, con menos restricciones y más espacio para proyectos mineros. Los ambientalistas reaccionan con fuerza, denunciando un retroceso en la protección de recursos hídricos.
La oposición encuentra un tema de fácil movilización, un terreno donde puede acumular legitimidad social. En términos estratégicos, este proyecto puede convertirse al menos en un dolor de cabeza para el Gobierno porque abre un frente de conflicto transversal. La tensión ambiental, sumada a la laboral, configura un escenario de múltiples frentes abiertos que el oficialismo deberá administrar con habilidad.
En cuanto a los propios y ajenos para la discusión hay que recordar que el oficialismo no tiene mayoría propia y depende de bloques provinciales que negocian beneficios concretos para sus distritos. La oposición dialoguista busca marcar distancia pero también evita quedar como obstruccionista, mientras que los más duros apuestan al fracaso del Gobierno para capitalizarlo.
La estrategia de Milei es avanzar rápido, pero el riesgo es que el Congreso se convierta en un terreno de desgaste permanente. Cada votación se transforma en una pulseada y cada concesión puede ser interpretada como una señal de debilidad. La gobernabilidad se juega en ese delicado equilibrio entre audacia y negociación.
Con el inicio del período ordinario, la agenda se amplía y los desafíos se multiplican. Cumplir con el Presupuesto 2026 será parte de lo que se jugará en el campo de batalla económico. Esto definirá el rumbo fiscal, el nivel de ajuste y las prioridades de inversión. La reforma impositiva abrirá una pulseada entre Nación y provincias, con gobernadores que ya anticipan resistencia a cualquier intento de recortar recursos. Su apoyo en la reforma laboral sobre todo podría tener premio durante el año y ellos lo saben.
La agenda social y educativa pondrá nuevamente en el centro a los gremios docentes y movimientos sociales, que pedirán respuestas frente al impacto del ajuste en los sectores más vulnerables. Y la gobernabilidad exigirá construir alianzas más estables para evitar que cada votación sea una batalla campal en un Congreso con una oposición muy fragmentada y con casi nulo liderazgo, lo que a veces hace que para el oficialismo negociar sea aún peor, porque no hay un único referente con el que sentarse. El Gobierno deberá decidir si mantiene la estrategia de choque o si abre un camino de negociación más amplio.
Hay un recurso escaso que esta discusión pasa a ser protagonista principal: el tiempo. Avanzar rápido permite sostener la narrativa de cambio, pero implica un desgaste político acelerado. Construir consensos garantiza sostenibilidad, pero puede diluir el impulso inicial. La clave será encontrar un equilibrio que permita mostrar resultados sin quedar atrapado en la parálisis.
Las extraordinarias de febrero son mucho más que un trámite legislativo: son un test de poder. Lo que ocurra allí marcará el tono del año político. Si Milei logra aprobar al menos parte de su agenda, llegará al 1° de marzo fortalecido. Si fracasa en cambio, el período ordinario comenzará con un Gobierno políticamente contrariado y una oposición no solo dividida sino que envalentonada.
En definitiva, el Gobierno se enfrenta a un tablero complejo. Cada jugada tendrá costos y beneficios. Las estrategias serán la clave para transformar la narrativa de cambio en hechos concretos. El resultado de las extraordinarias definirá no solo la dinámica parlamentaria, sino también la capacidad del oficialismo de sostener su proyecto en un año que promete ser de alta intensidad política.
La Reforma Laboral, por su peso simbólico y material, será el verdadero termómetro de la gobernabilidad. Si se aprueba, aunque sea parcialmente, marcará un antes y un después en la relación entre el Gobierno, los sindicatos y la oposición. Si se rechaza en cambio, el oficialismo deberá recalcular su estrategia y enfrentar un escenario de mayor fragilidad.