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Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de los Estados Unidos, el mundo cripto y los activos digitales pasaron a ser un tema de conversación recurrente en la política norteamericana.
Tal es así que días atrás el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la presentación de un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Mercados de Activos Digitales, manifestó que la administración anterior había creado un "ejército anticripto". En ese sentido, planteó que se libró una interminable guerra legal contra empresas legítimas, se amenazó con eliminar la minería de Bitcoin y se buscó masivamente excluir del sistema bancario a las empresas de activos digitales.
En este contexto, la nueva administración inició su mandato con la formación del mencionado grupo, donde Donald Trump suscribió una orden ejecutiva para asegurar el liderazgo norteamericano en la innovación blockchain y para mantener a Estados Unidos a la vanguardia del desarrollo de activos digitales.
Del extenso informe emitido titulado "Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology" surge que las reformas para lograr el objetivo fijado por Trump son necesarias para mejorar la transparencia, la protección del consumidor y la innovación en el sector de los activos digitales.
Además, entiende que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y a la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) son las instituciones reguladoras clave en el proceso, y propone ampliar las normas existentes y las entidades exentas para permitir el comercio de activos digitales.
Dentro de estas propuestas se incluye la ampliación de la autoridad de la CFTC sobre los activos digitales no relacionados con valores, promover las finanzas descentralizadas y facilitar la negociación y el desarrollo de productos a través de herramientas regulatorias.
El grupo de trabajo también solicita modificar la normativa bancaria para apoyar los servicios de activos digitales; implementar la Ley GENIUS -promulgada el mes pasado- para regular las monedas estables; y garantizar la privacidad mediante la prohibición de las monedas digitales emitidas por bancos centrales.
Objetivo de la Ley GENIUS
Promulgada el 18 de julio de 2025, la Ley GENIUS (Guiding and Empowering National Innovation for United States Stablecoins Act) está dirigida exclusivamente a las payment stablecoins. Esta norma marca un hito importante como la primera legislación federal sobre criptomonedas en Estados Unidos que regula específicamente las stablecoins. En ella define quiénes pueden emitirlas, exige un respaldo 1:1 en activos auditables y obliga a publicar reportes periódicos sobre las reservas.
Asimismo, autoriza la emisión por entidades privadas pero bajo una estricta regulación, requiriendo que estén respaldadas íntegramente por efectivo o instrumentos de deuda altamente líquidos emitidos por la Reserva Federal.
Por lo tanto esto termina vinculando a los emisores con el sistema bancario tradicional, convirtiéndolos en una suerte de "bancos proxy" y sometiéndolos a las leyes del secreto bancario (Bank Secrecy Act), con obligaciones de prevención de lavado y reporte de operaciones sospechosas bajo supervisión federal y estatal.
La ley excluye expresamente a las payment stablecoins del ámbito de la Ley de Valores y de la supervisión de la SEC, evitando duplicidades regulatorias. Esta posición fue confirmada por la SEC al precisar que no serán tratadas como valores si cumplen con los estándares requeridos, reafirmando su apoyo a un marco claro que fomente la innovación sin comprometer la estabilidad ni la protección a los consumidores.
Si bien esta se presenta como una norma de estabilidad y protección al usuario, también busca fortalecer el rol del dólar como moneda digital global y promover la compra de deuda pública, con la expectativa de impulsar un mercado de stablecoins de escala billonaria.
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, los proveedores de servicios de activos digitales, como exchanges y billeteras, tendrán un período de transición de tres años para adaptarse a la nueva normativa.
Marco regulatorio claro para activos digitales no estables
La Ley CLARITY establece un marco regulatorio en Estados Unidos para los activos digitales no estables, complementando la Ley GENIUS. Su objetivo principal es clarificar la jurisdicción y las responsabilidades de la SEC y la CFTC, definiendo cuándo un activo digital debe considerarse un valor (regulado por la SEC) o una commodity (regulado por la CFTC).
La ley asigna roles específicos a cada agencia, refuerza la protección al consumidor y promueve la transparencia en los mercados, buscando un entorno coherente que fomente la innovación mientras protege a los participantes.
Categorización y seguridad en el mercado de activos digitales
Entre las recomendaciones adicionales del informe se incluyen actualizaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, orientación para el contribuyente y un tratamiento fiscal actualizado para los activos digitales con el fin de impulsar el crecimiento responsable de la criptoeconomía.
El informe exige un sistema de clasificación claro e integral, distinto de la estrategia que fue llevada a cabo por la administración anterior de "regulación por aplicación".
El informe recomienda un enfoque que se centre en la función económica de cada activo digital en particular, esto es reconociendo sus diferencias y segmentándolos en las categorías generales de tokens de valor, tokens de materias primas y tokens para uso comercial y de consumo.
La tarea que más urge es habilitar en lo inmediato la negociación de activos digitales a nivel federal, garantizando la claridad en el registro, la custodia, la negociación y la gestión de registros, según indica el informe.
Los activos digitales deben ser considerados como una nueva clase de activos, donde las leyes fiscales se adapten para regular cómo se gravan estas actividades y activos digitales, estableciendo nuevas reglas específicas para su tratamiento fiscal, y que la legislación defina claramente qué actividades relacionadas con activos digitales están permitidas en el ámbito bancario, incluyendo custodia, tokenización, emisión de monedas estables y uso de cadenas de bloques.
Fiscalidad cripto y desafíos normativos en EE UU
Entre los aspectos más relevantes, el informe también solicita directrices para el Tesoro de los Estados Unidos y para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en materia de contabilidad financiera para abordar las ganancias y pérdidas no realizadas en criptomonedas; si las transacciones de staking, wrapping y unwrap son transacciones gravables; los ingresos mínimos o insignificantes de activos digitales (minimis), además de la actualización de la normativa del IRS sobre activos digitales.
Asimismo, se recomienda crear una "exención por innovación" condicional que permita a los registrados en la SEC participar en modelos de negocio innovadores, y la normativa vigente debe modificarse para dar cabida a la negociación de activos digitales no relacionados con valores y a la tokenización de valores del sistema de mercado
El capítulo examina el marco tributario vigente para activos digitales en Estados Unidos y las áreas que requieren mayor precisión normativa. Parte de la premisa de que criptomonedas y otros activos digitales permiten transacciones complejas -contratos inteligentes, firmas múltiples, operaciones con garantías-, lo que dificulta aplicarles reglas fiscales tradicionales sin ajustes específicos.
El IRS considera a los activos digitales como propiedad, no como moneda. Por ello, su venta o intercambio genera ganancias o pérdidas de capital sujetas a declaración, siguiendo principios aplicables a acciones, inmuebles u otros bienes. No obstante, existe normativa ya establecida para ciertos casos particulares, como ser:
Forks o bifurcaciones de blockchain
Se refiere a una separación en la cadena de bloques que puede resultar en una nueva criptomoneda. Según la normativa que la regula, las bifurcaciones pueden tener implicaciones fiscales, considerando si se recibe alguna moneda o tokens en un fork y cómo se deben valorar para efectos fiscales en el momento de la recepción.
-Staking o validación de transacciones
Implica mantener fondos en una wallet para apoyar la operación de una red blockchain y obtener recompensas. La normativa en cuestión trata sobre la clasificación fiscal del staking, si las recompensas recibidas se consideran ingreso en el momento de la recepción, y cómo se valoran para efectos fiscales.
-NFTs. (tokens no fungibles)
Estos son activos digitales únicos que representan propiedad o derechos sobre contenidos digitales o físicos. La normativa que los regula proporciona orientación sobre su tratamiento fiscal, incluyendo la adquisición, transferencia y venta.
En materia de reportes, desde la Ley de Infraestructura de 2021 se obliga a ciertos brokers a informar operaciones ante el IRS. El pasado mes de abril el presidente Donald Trump firmo una ley que suspendió la obligación de reporte para algunos desarrolladores y operadores de DeFi (no custodiales). Este cambio alivió significativamente el alcance de la regulación original sobre tecnología descentralizada.
Respecto al Impuesto Mínimo Corporativo Alternativo (CAMT), creado para grandes compañías en 2022 mediante la Ley de reducción de la inflación, se advierte que podría gravar ganancias no realizadas de criptomonedas. El informe propone excluirlas del cálculo del Adjusted Financial Statement Income (AFSI). No obstante, en junio pasado el IRS emitió normativa provisional donde aclaro indica que, hasta que haya normativa final, las empresas no tienen que computar esas ganancias no realizadas de cripto en el cálculo del AFSI.
También se pide definir el tratamiento fiscal del staking (poner en garantía criptoactivos para validar operaciones, luego se obtiene una recompensa) en fideicomisos de inversión (grantor trusts), para determinar si mantiene el estatus de "investment trust" o lo pierde. Es decir, si el IRS considera que esa recompensa es una renta pasiva o una actividad empresarial. Asimismo, se solicita claridad sobre el wrapping de tokens, proceso de convertir un token nativo en otro equivalente en otra blockchain, y si genera un hecho imponible.
En conclusión, se reclama la emisión de normas claras por parte del Tesoro y el IRS para dar certeza jurídica, evitar cargas fiscales indebidas y permitir que la industria crezca sin frenar la innovación.
Hacia un nuevo paradigma global en tributación digital
En 2025, Estados Unidos avanza hacia una reconfiguración integral de su marco fiscal y regulatorio para activos digitales. El informe de la Casa Blanca "Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology" establece un plan de adopción masiva que, junto con la entrada en vigor de la Ley GENIUS-reguladora de stablecoins- y la Ley CLARITY para mercados y servicios de activos digitales, proyecte un ecosistema normativo con implicancias tributarias de gran alcance.
La estrategia no se limita a ordenar la emisión y uso de criptoactivos: busca definir estándares de transparencia que faciliten la fiscalización, el intercambio de información y la trazabilidad de operaciones, reduciendo espacios para la evasión y la opacidad.
En este sentido, Estados Unidos no solo fija reglas domésticas, sino que posiciona un modelo susceptible de ser replicado por otros países, marcando el ritmo para una eventual convergencia internacional en materia de tributación digital.
Para las administraciones tributarias de todo el mundo, el desafío será adaptar sus marcos legales y sistemas de control a esta nueva dinámica, equilibrando incentivos a la innovación con mecanismos eficaces de recaudación y control fiscal. La cuestión ya no es si la economía de criptoactivos tendrá regulación fiscal, sino qué países lograrán implementarla a tiempo para sostener competitividad, seguridad jurídica y capacidad recaudatoria.
