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La Ley 820 de 2003, mejor conocida como Ley de Alquileres, regula los arriendos de vivienda urbana en Colombia y fija los mecanismos para terminar contratos. Muchos propietarios creen que solo basta con pedir la casa, cuando la realidad exige pasos claros y formalidades que deben quedar sentadas por escrito.
Hoy en día, la discusión es si incluir o no una cláusula de restitución en el contrato. Este punto se ha convertido en tema recurrente entre arrendadores y abogados, porque de su presencia depende qué tan rápido y sin conflictos puede recuperarse un inmueble.
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Sin esa previsión en el papel, el proceso tiende a enredarse y generar costos adicionales para ambas partes.
La cláusula imprescindible para recuperar la vivienda: cómo funciona
La llamada cláusula de restitución por necesidad del propietario es la herramienta clave para evitar demoras. Su objetivo es dejar por escrito que el dueño podrá terminar el contrato cuando necesite el inmueble para vivir, venderlo o realizar remodelaciones mayores, siempre cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 820 de 2003.
En esa disposición se exige que el arrendador notifique al inquilino con al menos tres meses de anticipación y pague una indemnización equivalente a tres meses de arriendo. Si estas condiciones están claras en el contrato, el proceso de entrega se vuelve mucho más ágil y transparente.
Qué pierde el propietario si omite esta cláusula
Dejar el contrato sin esta previsión puede costarle caro al propietario. Sin una base contractual clara, cualquier intento de recuperación puededemorarse años. Los jueces suelen exigir pruebas de aviso, consignaciones y causales legales, por lo que un documento ambiguo complica el reclamo y le da ventaja al inquilino.
Además, si el contrato no prevé la posibilidad de restitución, el arrendatario puede alegar desconocimiento o pedir plazos adicionales. En la práctica, el dueño termina asumiendo costos y tiempos que habría evitado con una redacción adecuada.
Cómo protege al inquilino esta cláusula
Para el arrendatario, la cláusula también representa una garantía. Le permite conocer con claridad los escenarios en los que el propietario podría pedir la vivienda y asegura que, si eso ocurre, recibirá el tiempo y la compensación económica que exige la ley.
De esa forma, el contrato protege a ambas partes: al propietario, porque le da respaldo legal para actuar, y al inquilino, porque evita desalojos imprevistos y asegura un proceso regulado. Así, la seguridad jurídica se convierte en el mejor aliado de quienes firman un contrato de arrendamiento en Colombia.
