El Gobierno nacional dio un paso clave en materia de protección social al establecer nuevas obligaciones para garantizar subsidio, pensión y salud a trabajadores que durante años estuvieron por fuera del sistema. La medida fue adoptada a través de un decreto que busca reconocer sus derechos laborales. La decisión fue tomada por el Ministerio del Trabajo en conjunto con otras entidades del Estado, con el objetivo de brindar cobertura integral a una población considerada históricamente vulnerable. Esta iniciativa pretende asegurar condiciones dignas y estabilidad económica para quienes desempeñan labores esenciales en la economía. En este contexto, la normativa establece mecanismos concretos para que estos trabajadores accedan a beneficios como atención en salud, aportes a pensión y subsidios económicos, marcando un avance en la inclusión social en Colombia. El decreto 0271 de marzo de 2026 ordena la implementación de un modelo de protección social que incluye el acceso a salud, pensión y subsidios para una población que tradicionalmente no ha estado cubierta por estos beneficios. La medida busca cerrar brechas históricas en el acceso a derechos básicos. Esta normativa establece que las organizaciones vinculadas a estos trabajadores deberán garantizar su afiliación al sistema de seguridad social, así como el cumplimiento de aportes que permitan su protección frente a riesgos laborales, enfermedades y su futuro pensional. Uno de los principales cambios es la afiliación al régimen subsidiado de salud para quienes no estén cubiertos. Esto permitirá que los trabajadores accedan a servicios médicos sin necesidad de realizar aportes elevados, priorizando su inclusión dentro del sistema. Además, se establece la obligación de afiliarlos al Sistema General de Riesgos Laborales mediante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), lo que garantiza cobertura en caso de accidentes o enfermedades relacionadas con su actividad. En materia pensional, los trabajadores podrán acceder al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), que les permitirá cotizar pagando entre el 5 % y el 30 % de su ingreso, mientras el Estado asume el resto del aporte. Este esquema facilita el acceso a una pensión en el futuro. Para quienes no logren vincularse a este programa, existe la alternativa de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que permite ahorrar un porcentaje de sus ingresos con un incentivo estatal. Además, también podrán ser beneficiarios de subsidios como Colombia Mayor en su etapa de vejez. El modelo de financiación plantea un cambio importante frente a esquemas tradicionales, ya que los aportes no recaerán directamente sobre los ingresos de los trabajadores. En su lugar, los recursos provendrán de actividades relacionadas con su labor y del sistema de aprovechamiento dentro del servicio público. Este enfoque busca garantizar la sostenibilidad del modelo sin afectar los ingresos de la población beneficiaria, permitiendo que puedan acceder a la protección social sin comprometer su capacidad económica. El decreto establece que la implementación del nuevo modelo comenzará a partir del 1 de julio de 2026. Esta fecha fue definida para permitir los ajustes regulatorios, operativos y tecnológicos necesarios para su correcta ejecución. A partir de ese momento, los trabajadores beneficiados podrán acceder a un sistema integral que incluye salud, pensión y subsidios, consolidando un avance significativo en materia de derechos laborales y protección social en el país.