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El Gobierno de Gustavo Petro confirmó la declaratoria de emergencia económica con el objetivo de cubrir el faltante de recursos del Presupuesto General de 2026, luego de que el Congreso hundiera la reforma tributaria que debía financiar una parte clave del gasto público.
La decisión fue anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el mismo escenario en el que el Banco de la República informó que mantendría sin cambios la tasa de interés. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca recuperar los recursos que quedaron sin respaldo tras el trámite legislativo.
Con este escenario, el Gobierno avanza en la preparación de un decreto que habilitará nuevos impuestos y ajustes tributarios, los cuales se conocerán de manera gradual y deberán ser revisados posteriormente por la Corte Constitucional.
Qué impuestos se anticipan con la emergencia económica de Petro
De acuerdo con los lineamientos preliminares del Ministerio de Hacienda, la emergencia económica permitiría activar gravámenes temporales orientados a cerrar un hueco fiscal cercano a los 16 billones de pesos, según explicó el propio Gobierno.
Entre las medidas que se evalúan aparece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que se aplicaría a empresas con activos superiores a un umbral definido en UVT. También se contemplan impuestos indirectos sobre productos como licores, cigarrillos y tabaco, además de ajustes en los gravámenes a los movimientos financieros.
A esto se suma un impuesto especial a la extracción y exportación de hidrocarburos y carbón, con una tarifa temporal, dirigido a empresas del sector que registren ingresos elevados. La intención oficial es que estas medidas tengan vigencia limitada y se concentren en 2026.
El debate jurídico y fiscal que se abre en Colombia
La declaratoria de emergencia económica no solo tiene efectos fiscales, sino que también abre un debate jurídico. La Corte Constitucional deberá evaluar si se cumplen los requisitos de hechos sobrevinientes exigidos por la Constitución para justificar el uso de este mecanismo excepcional.
Economistas y centros de pensamiento han advertido que el monto del recaudo buscado representa una fracción limitada del Presupuesto General, mientras que otros expertos citados por La República, alertan sobre el impacto que nuevos impuestos podrían tener en la inversión, el crecimiento empresarial y el empleo.
Desde el Gobierno, en tanto, se insiste en que la alternativa sería un recorte presupuestal de mayor magnitud, que afectaría programas sociales y compromisos del Estado. Por eso, la emergencia económica es presentada como una vía para evitar una reducción más profunda del gasto público.
Por qué el Ejecutivo descarta un recorte más profundo
El Ministerio de Hacienda sostiene que el Presupuesto de 2026 ya incorporó ajustes durante su trámite en el Congreso, pero que un recorte adicional, cercano a los 26 billones de pesos, pondría en riesgo el funcionamiento de varias entidades del Estado.
Según la posición oficial, la emergencia económica permitiría asegurar la continuidad de pagos y obligaciones, mientras se estabilizan las finanzas públicas en un contexto de menor recaudo tributario. El decreto con las medidas específicas será clave para determinar el alcance real de los nuevos impuestos y su impacto en la economía colombiana.
