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El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció una ampliación en el calendario de pagos correspondiente al segundo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, con el objetivo de facilitar el acceso de miles de familias que todavía no han reclamado los recursos. La medida también coincide con una actualización del sistema de focalización que permitirá sumar nuevos hogares beneficiarios durante 2026.
De acuerdo con información oficial entregada por la entidad, el segundo ciclo de transferencias contempla una inversión superior a los $322.000 millones y alcanzará a más de 774.000 hogares en diferentes regiones del país. La entidad precisó además que el plazo para retirar los incentivos fue extendido hasta el pasado miércoles 20 de mayo, luego de registrar un avance cercano al 70% en la entrega de pagos.
Prosperidad Social amplía el plazo para reclamar Renta Ciudadana y Devolución del IVA
Las transferencias económicas se entregan mediante la modalidad de giro en puntos autorizados de SuperGiros y SuRed distribuidos en todo el territorio nacional. Desde Prosperidad Social insistieron en que los trámites son completamente gratuitos y pidieron a los beneficiarios acercarse con anticipación para evitar congestiones en los últimos días del cronograma.
El programa mantiene un enfoque especial hacia hogares en situación de pobreza extrema y comunidades étnicas, especialmente a través del mecanismo conocido como ruta 2 del focalizador indígena. Este sistema permite validar y actualizar beneficiarios mediante listados avalados por autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.
Los montos de Renta Ciudadana pueden llegar hasta los $500.000 por ciclo, dependiendo de factores como la composición familiar, el nivel registrado en el Sisbén IV y la presencia de integrantes priorizados, entre ellos niños menores de seis años o personas con discapacidad.
Nuevos hogares podrán ingresar al programa en 2026
Uno de los cambios más relevantes anunciados por Prosperidad Social tiene relación con la actualización de los criterios de focalización para el próximo año. La entidad confirmó que nuevos hogares que no hacían parte de ciclos anteriores comenzarán a ser incorporados tras procesos técnicos de validación y cruces de información oficial.
La selección de beneficiarios se realiza utilizando bases de datos institucionales, registros administrativos y la información del Sisbén IV, con el objetivo de identificar a las familias que cumplen las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el programa.
La cobertura continuará llegando tanto a zonas urbanas como rurales e incluirá comunidades indígenas y afrodescendientes en distintas regiones de Colombia.
Cuáles son las líneas de ayuda y cómo consultar si una persona es beneficiaria
Dentro de Renta Ciudadana se mantiene la línea denominada Valoración del Cuidado, orientada principalmente a madres cabeza de hogar, hogares con niños en primera infancia y personas con discapacidad que se encuentren en pobreza extrema.
A esto se suma la línea Colombia sin Hambre, que calcula los montos según la cantidad de integrantes de cada familia y sus condiciones socioeconómicas.
Los ciudadanos pueden verificar si hacen parte del programa, revisar el estado del pago y consultar el valor asignado a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y su plataforma digital.
Qué condiciones deben cumplir los hogares para seguir recibiendo el subsidio
Prosperidad Social recordó que los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para permanecer activos dentro del programa. Entre las principales condiciones figuran mantener actualizada la información en el Sisbén IV, conservar vigentes los documentos de identidad y garantizar coherencia entre los registros administrativos reportados ante las entidades oficiales.
Asimismo, no podrán continuar en el programa los hogares que presenten inconsistencias en la información, incumplan compromisos establecidos o estén vinculados a otras estrategias incompatibles definidas por el Gobierno nacional.
La entidad explicó que realiza verificaciones periódicas junto a organismos estatales y que, en caso de detectar incumplimientos, puede ordenar suspensiones preventivas mientras se adelantan los procesos de revisión correspondientes.
